Alvaro Castro Estrada: ¿Tiene solución el fenómeno de la corrupción?
| Autor | Víctor Hugo Gil |
| Páginas | 36-41 |
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Álvaro Castro Estrada es abogado por la Escuela Libre de Derecho. Cursó diplomados en “Planeación y administración pública” y “Análisis y evaluación de políticas públicas”, ambos en la Universidad Iberoamericana, así como sobre “La cuestión religiosa. Actualidad y retos futuros”, organizado por la UNAM, El Colegio Mexiquense y la Universidad Hebraica. Cuenta con estudios de maestría en Derecho constitucional y administrativo, y es doctor en Derecho por la División de Estudios de Posgrado de la Facultad de Derecho de la UNAM.
Ha desempeñado diversos cargos en la administración pública: director general de Asuntos Jurídicos de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (1994-2000); director general de Asociaciones Religiosas en la Secretaría de Gobernación (2001-2006); subsecretario del Trabajo, de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (2006-2010), y magistrado presidente del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje.
Actualmente se desempeña como magistrado de la Décimo Segunda Sala Regional Metropolitana del Tribunal Federal de Justicia Administrativa.
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Uno de los factores más relevantes para explicar la extensión y la frecuencia de la corrupción es la expectativa de impunidad y la ganancia esperada, producto de un acto de corrupción, que conduce a una espiral viciosa, tanto en el sector público como en el privado.
Respecto del sector público, hay quienes han encontrado en la corrupción y la impunidad un modo de vida y fuente de riqueza, en el entendido de que es más conveniente no reprochar a los adversarios si éstos tampoco los reconvienen a ellos.
Esta distorsión del servicio público es y debe ser a todas luces inaceptable, condenable y sancionable, lejos de verla como un “fenómeno normal”.
Para comprender mejor el fenómeno, es indispensable abordar las causas específicas de la corrupción: ausencia de autoridad, debilidad o escasa posibilidad de aplicación de sanciones, bien por falta de reproche legal, por carencia de regulación o por ineficiencia; también por sobrerregulación administrativa o inoperancia de la gestión, y defectos en la organización burocrática que pueden redundar en falta de control interno, entre otros.
El problema trasciende lo moral y se traduce en inercias para permitir, incentivar o no desinhibir que las personas físicas o jurídicas —sea en el ámbito público, sea en ámbito privado— puedan realizar conductas corruptas, llegando al punto de considerar que es más rentable violar la ley que obedecerla.
En ese devenir se puede generar una coordinación entre diferentes actores públicos y privados, armando “redes de corrupción”, es decir, organizaciones subrepticias, sofisticadas, simuladoras, ágiles, mutantes, tecnificadas, corruptoras, y a veces transnacionales, “de difícil pero no imposible rastreo”. Su identificación, prueba y desarticulación representa un desafío mayor.
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