Una alternativa ética al desarrollo:Sumak Kawsay - Núm. 12, Julio 2014 - Redhes. Revista de Derechos Humanos y Estudios Sociales - Libros y Revistas - VLEX 638194837

Una alternativa ética al desarrollo:Sumak Kawsay

Autor:Marcela Fernández Camacho
Cargo:Poder Judicial del Estado de San Luis Potosí
Páginas:177-198
RESUMEN

El artículo explora argumentos jurídico-políticos y éticos presentes en los conflictos por los derechos de la Naturaleza. La perspectiva de la modernidad en su cara dominadora (globalización empresarial) y el sumak kawsay o suma qamaña enmarcan el análisis. Se intenta abordar aquéllos argumentos a la luz de diversos modelos éticos tradicionales occidentales y a las propuestas de desarrollo moral... (ver resumen completo)

 
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UNA ALTERNATIVA ÉTICA AL DESARROLLO: SUMAK KAWSAY1Marcela Fernández Camacho2Resumen: El artículo explora argumentos jurídico-políticos y éticos presentes en los conflictos por los derechos de la Naturaleza. La perspectiva de la modernidad en su cara dominadora (globalización empresarial) y el sumak kawsay o suma qamaña enmarcan el análisis. Se intenta abordar aquéllos argumentos a la luz de diversos modelos éticos tradicionales occiden-tales y a las propuestas de desarrollo moral de Kohlberg y Gilligan. Por último, se propone el buen vivir como una alternativa ética al desarrollo que apunta hacia la justicia ecológica.

Palabras claves: Derecho, Pachamama, moralidad, desarrollo, ser.

Abstract: The article explores legal-political arguments, and moral conflicts present in the rights of nature. The prospect of modernity in its dominant side (corporate globalization) and the sum qamaña kawsay sumak or frame the analysis. It tries to address those arguments in the light of various Western traditional ethical standards and moral development proposals Kohlberg and Gilligan. We propose good living as an ethical alternative to development pointing ecological justice.

Keywords: Law, Pachamama, morality, development, be.

1. Argumentos jurídico-políticos presentes en los conflictos por los derechos de la Naturaleza

Hay una gran diferencia entre los conflictos ético-jurídicos, cuyos sujetos son seres humanos y los conflictos que sobrevienen cuando se intenta que la Naturaleza sea considerada sujeto. Cualquier derecho de la Naturaleza requiere, en principio, un desvío de energía hacia la labor de justificar el carácter de sujeto que tiene ésta, derivado de su valor intrínseco, de su consideración ontológica.

1 Artículo recibido: 10 de agosto de 2014; aprobado: 15 de octubre de 2014.
2 Poder Judicial del Estado de San Luis Potosí. Correo-e: marce_fer777@hotmail.com

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A partir de alertas ambientales y del reporte “Los límites del crecimiento” (1972) presentado por el Massachusetts Institute of Technology (MIT) al Club de Roma3, se dirige la mirada a regiones periféricas como Sudamérica, no como espacio exótico y turístico manejado por los gerentillos del capitalismo para el goce del privilegiado primer mundo, sino para buscar alternativas al desarrollo pues se entrevé la imposibilidad de un crecimiento perpetuo a costa de la instrumentalización de la Naturaleza.

En el sur global, los pueblos de cosmovisión andina no poseen una concepción del desarrollo como la occidental. En su lugar, el sumak kawsay, del kichwa ecuatoriano, y el suma qamaña, del aymara boliviano, se traducen como “buen vivir” o “bien vivir”, aunque no está restringido a ellos. Constituyen más que un estilo de vida, implican una verdadera racionalidad otra que revoluciona la forma en la que pensamos, conocemos y tratamos a la Naturaleza.

En textos constitucionales como el de Ecuador (2008) y Bolivia (2008) ha permeado esta cosmología posibilitando considerar a la Naturaleza como sujeto de derechos. Sin embargo, en los hechos, empresas como Chevron, Monsanto, Provifrut, Nova, Ecofrut, así como los propios Estados por estar alineados con los organismos multilaterales (FMI, Banco Mundial), siguen actuando como si el texto constitucional fuera papel mojado.

Países como México, ni siquiera contemplan a la Naturaleza como sujeto de derechos. México ostenta aproximadamente menos del diez por ciento4de población indígena. Varios pueblos originarios poseen aún una racionalidad basada en los principios de complementariedad y reciprocidad (culturas mesoamericanas5) que implican la interdependencia de los seres humanos con la Naturaleza. Empero, no sólo en México, sino en la mayoría de los países latinoamericanos, el colonialismo interno6y

la concomitante segregación de esas culturas y sus conocimientos se ve reflejada en las legislaciones (incluyendo la Constitución), las políticas públicas e, inclusive, la sociabilidad, alejando la posibilidad de tutelar la prevención, preservación y restauración de la Naturaleza.

3 Gudynas, Eduardo, “Debates sobre el desarrollo y sus alternativas en América Latina, Una breve guía heterodoxa”, en Miriam Lang y Dunia Mokrani (comp.), Más allá del desarrollo, Ediciones Abya Yala, Quito, 2011, p. 25.
4 Según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, para 2010 la población indígena (de acuerdo al número de hablantes de lengua indígena) es de 6,695,228 a nivel nacional.
5 En Mesoamérica, en la cosmovisión tseltal existe también una noción de buena vida: “lekil kuxlejal”.
6 Pablo González Casanova (1965) y Rodolfo Stavenhagen (1965) propusieron llamar “colonialismo interno” al poder racista/etnicista que opera dentro de un Estado-nación” (Quijano, Aníbal, “Colonialidad del poder y clasificación social”, en Santiago Castro Gómez y Ramón Grosfoguel (ed.), El giro decolonial, Siglo del Hombre, Colombia, 2007, p. 93).

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Para los estados latinoamericanos y para sus ciudadanos/as, conforme a una visión hegemónica occidental, la Naturaleza sigue constituyendo un objeto, una máquina de engranajes que podemos instrumentalizar para maximizar la calidad de vida de unas cuantas personas.

La perspectiva jurídica latinoamericana predominante, es antropocéntrica, estatalista, positivista, pos-violatoria, institucionalizada. Las únicas garantías para tutelar derechos son las mediaciones legalistas que se tramitan ante instancias jurisdiccionales, ya sean locales, estatales o supraestatales.

Empresas como Monsanto, Chevron o sus delegados entes jurídicos, anclan jurídicamente sus acciones en ordenamientos que protegen y privilegian la libertad de mercado, la propiedad, el principio de legalidad, el derecho de patentes y la flexibilización de la legislación laboral, mermando los derechos laborales de los trabajadores y olvidando el valor intrínseco de la Naturaleza, todo para obtener ventajas laborales o fiscales y aumentar la tasa de ganancia.

Bajo esta lógica, los cambios de nombres de haciendas a empresas es un reflejo de la era del mercado. La acumulación de capital, posible por el derecho a la propiedad (despojo), se actualiza en la compra de grandes extensiones de tierra arrebatadas a los pueblos originarios7, adaptadas para enormes monocultivos que erosionan la tierra y desactivan la economía de subsistencia.

La lex mercatoria también juega su papel. Los pequeños agricultores y en general toda la producción agroindustrial tiene que adaptarse a las normas de calidad específica que impone la comunidad internacional para poder realizar las exportaciones.

El libre mercado se torna hegemónico. En este mundo al revés, los sujetos de derechos son las “personas morales” (empresas), sustituyendo a las personas de carne y hueso, a las corporalidades vivientes, quienes, muchas veces, gozan de menor protección jurídica que aquéllas. Las grandes empresas tienen a su servicio despachos prestigiosos de abogados que se caracterizan por su formación positivista y por la competitividad como valor por encima de cualquier otro.

7 Por ejemplo, en Chiapas, “en 1971 por decreto presidencial se entregó media Selva a una etnia casi extinta: los lacandones. Con el pretexto de preservar a unos cuantos que quedaban se pretendió arrebatar las tierras a tseltales, tsotsiles, choles, tojolabales y zoques, que las habitaban desde hacía dos o tres décadas, y a quienes se acusó de “usurpadores”. Detrás del decreto había un gran negocio de políticos y madereros. Todos se presentaron como la Compañía Forestal Lacandona, S.A. Esta se apresuró a firmar un contrato con los “legítimos dueños” de la tierra. Adquirió así el derecho de extraer al año 35 mil metros cuadrados de madera, lo que equivalía a 10 mil árboles de cedro y de caoba. La selva se volvió monopolio de la compañía” (González Casanova citado por Rangel, Azael, La construcción de la Política desde abajo: Democracia y Autonomía en Chiapas, Universidad Pablo de Olavide, Sevilla, 2012, p. 77).

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En Latinoamérica, el derecho es una parcela del mundo que está mercantilizada. La libertad se limita a libertad del mercado, no de las personas. Libertad para acumular riqueza por parte de un grupo reducido de personas cuyo estilo de vida está basado en el hiperconsumo. Personas que para gozar la calidad de vida que tienen, necesariamente, deben agotar recursos que servirían para darle un mínimo vital a otros seres humanos.

Conforme a la racionalidad moderna, la propiedad es un derecho que las empresas pueden ejercer sobre la Naturaleza y sobre seres humanos. De ahí que la globalización empresarial tienda a privatizar servicios públicos y a dejar a muchas personas sin mínima seguridad social. La apropiación es del trabajo y de las vidas de esas personas explotadas en los campos de brócoli de Ecuador o en los campos de jitomate de Villa Hidalgo, San Luis Potosí, México.

En este sentido, la propiedad respecto de la Naturaleza es irracional y totalizante. Ni siquiera por el futuro de la humanidad se toman en cuenta los límites ecológicos que se están sobrepasando con el saqueo, la expoliación, la degradación de la biosfera que conlleva el capitalismo predatorio. No se considera tampoco que la biosfera desempeña la función de asimilar y reciclar (en cierta medida) residuos o brinda protección a la vida en el planeta mediante la capa de ozono.

El principio de legalidad y los derechos de patente también están al servicio del capitalismo. Encontrar recovecos en la ley o presionar políticamente para que la normatividad ecológica o laboral se flexibilice se hace bajo la égida del principio de legalidad. Los derechos de patente posibilitan la...

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