Ciencia Jurídica - Libros y Revistas
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      • Ciencia Jurídica

Editorial:
Universidad de Guanajuato
Fecha publicación:
2013-10-18
ISBN:
2007-3577

Número de Revista

Últimos documentos

  • Igualdad política y acceso a la competencia electoral de candidatos independientes: El caso Jorge Castañeda Gutman

    El texto reflexiona en torno a la posición de la Corte Interamericana de Derechos Humanos acerca de la igualdad en los derechos políticos de las personas que aspiran a contender en las elecciones como candidatos independientes de los partidos. No cabe duda de que en la mayoría de las democracias la gente desconfía de los partidos atribuyéndoles un distanciamiento de las personas y del interés público. Los partidos se han convertido en una élite que responde a intereses oligárquicos y de clase, refractarios de modo principal a individuos y grupos cuyas pretensiones pudieran poner en riesgo su hegemonía. En el marco de este tipo de críticas el derecho de las personas de acceder a la competencia electoral sin una postulación partidista queda en entredicho, pero también la oportunidad para el resto de los ciudadanos de contar con alternativas más plurales. En el caso Castañeda Gutman, sin embargo, la Corte sostuvo que no resulta contrario a la Convención, y que no atenta contra los derechos políticos, que cada país pueda determinar mediante su legislación electoral, las reglas de acceso a la competencia política, siempre que no sean excesivas o discriminatorias.

  • Justicia restaurativa: Una mirada a las necesidades de la víctima, la parte ofensora y la comunidad

    La justicia restaurativa se centra más en la reparación y menos en el castigo, es una relectura en el tratamiento del delito, en el que éste se convierte en un conflicto, otorgándole a la víctima, la parte infractora y la comunidad de apoyo el protagonismo en la solución del conflicto. Mientras la víctima reivindica su papel dentro de la comunidad, la parte ofensora comprende las secuelas de su acción, asume su responsabilidad en la comisión del delito y se compromete a reparar los daños. Se trata de una justicia que abona a la pacificación social y propicia la recomposición del tejido social, en virtud de que todos estamos interconectados.Principio del formulario

  • El federalismo como técnica constitucional

    El federalismo mexicano está envuelto en una serie de principios que han determinado nuestro sistema competencial entre federación, estados y municipios. Los principios constitucionales que lo definen no son cuestionados porque los consideramos dogmas poco menos que religiosos. Los autores parten de una premisa que de antemano consideran como "válida", en donde los estados deben ser soberanos y el municipio libre porque la Constitución así lo consagra. Sin embargo, esos principios los hemos malentendido y se han utilizado como subterfugios político-jurídicos para la impunidad que, en lugar de servir de límite al poder central, han impedido forjar los debidos pesos y contrapesos en los estados y municipios. El constitucionalismo mexicano consideró el federalismo como una técnica constitucional, que podía adaptarse a cualquier país independientemente de la condición histórica que lo había creado. No obstante, en el presente trabajo intentaremos demostrar que México no tiene las características necesarias para ser un sistema federal.

  • La retroactividad procesal penal en méxico. Un enfoque desde el derecho constitucional y convencional

    En México la aplicación de la retroactividad procesal penal en beneficio del reo, dentro de cada proceso penal, se ha sometido a la interpretación de cada órgano judicial encargado de su aplicación, optando como regla general por su inaplicabilidad. Eso explica el que no exista un criterio estándar en dicha aplicación, sino solamente un principio positivista que se ve reflejado en algunas de las tesis jurisprudenciales que se analizan en este texto. Se presenta el resultado de un análisis lógico-jurídico, jurisprudencial y doctrinal, que nos permita ir más allá de los argumentos positivistas, con base en las reformas constitucionales en Amparo y Derechos Humanos en México del 6 y 10 de junio del 2011 y, sobre todo, con base en la interpretación del principio pro homine, así como también en algunas sentencias emitidas por los tribunales internacionales de derechos humanos.

  • Sistema de justicia penal juvenil: Principios rectores a la luz de la convención de los derechos del niño

    A partir de 1989, con el nacimiento de la Convención de los Derechos del Niño (más adelante, CDN o Convención), comienza la evolución del entendimiento del adolescente en conflicto con la ley penal, quedando establecido en este instrumento normativo que se requiere la construcción de un sistema de justicia especializado para atender este paradigma de justicia novedoso. Lo anterior dio como derivación que este sistema necesariamente debe estar cimentado en principios específicos, rescatados especialmente del texto de la Convención y sobre las bases específicas que este instrumento internacional colocó al sistema de protección a la infancia. La Convención ha emitido parámetros concretos de cómo deben ser entendidos algunos principios atinentes a la materia juvenil en conflicto con la ley, que requieren ser comprendidos con la finalidad de entender "verdaderamente" el sistema de justicia especializado para adolescentes.

  • La responsabilidad del estado por reformas constitucionales

    El respeto a los derechos humanos debe de estar presente en la actuación de cualquiera de los órganos del Estado; por ello, el órgano encargado de reformar el texto constitucional para adecuarlo a la realidad social tiene como uno de sus límites, la afectación de los derechos de los gobernados bajo pena de incurrir en responsabilidad. El hecho de que en México no exista un límite expreso en contra las reformas a la Constitución, no impide que pueda generarse una responsabilidad del Estado y surja la obligación de este de resarcir los daños causados.

  • La justicia transicional como mecanismo de reconciliación en el estado colombiano

    El presente artículo tiene por objeto analizar la implementación de la justicia transicional como mecanismo de reconciliación, a través de procesos judiciales y extrajudiciales, establecidos en el acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera, pactado entre el Gobierno Nacional Colombiano y el grupo armado FARC-EP (fuerzas armadas revolucionarias de Colombia - ejército del pueblo), con la finalidad de reemplazar un estado de guerra civil, por un orden social pacífico de mediación. Particularmente, el diseño de cada Estado, refiriéndonos al colombiano, en donde se concilia el deber supremo de la memoria histórica, la reconstrucción de la ciudadanía, la nación y el mercado con la justicia.

  • La buena fe en materia contractual en la universidad de guanajuato. límites internos y externos

    La formalización y ejecución de las expresiones de la buena fe materializadas en convenios transciende a los requisitos de validez señalados en las disposiciones legales de materia civil, base toral de los acuerdos. Pero éstos no se suscriben al margen de la normativa universitaria, puesto que hay límites de carácter interno y externo que acotan estas manifestaciones de intención, dependiendo de su origen público y de su relación con la actividad sustantiva de la Universidad, contando con órganos colegiados y dependencias dedicadas a la vigilancia del actuar de sus integrantes y servidores públicos y a la aplicación de sanciones en caso de rebasar los límites legales impuestos.

  • Incongruencia constitucional en el cobro del impuesto de división sobre bienes inmuebles de dominio público

    El Estado, para el cumplimiento de sus atribuciones y la prestación de los servicios públicos, requiere de bienes inmuebles, que conforme a nuestra constitución están exentos de pagar contribuciones municipales, estatales y federales. La adquisición por donación de inmuebles destinados a la prestación de un servicio público, se interpreta cobrar el impuesto de división al donatario, a pesar de su aportación gratuita al Estado que destinará dicho bien al dominio público. La interpretación estricta en materia fiscal respecto de la exenciones y la falta de congruencia de la ley respecto de la Constitución que le faculta el cobro de impuestos inmobiliarios a los municipios, en que le expresa los casos en que se tendran por exentos estos, hace considerar una adición a la ley para evitar su inconstitucionalidad.

  • La imaginación criminológica, Jock Young (Trad. de Andrea Gavela Llopis, España, Marcial Pons, 2015, 278 pp.)

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