VIII Foro Nacional sobre Seguridad y Justicia
| Autor | Diana Reyes |
| Páginas | 48-49 |
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La jornada de dos días del VIII Foro Nacional sobre Seguridad y Justicia estuvo integrada de nutridas opiniones y compromisos por parte de los principales actores del sistema de justicia penal. Cabe destacar que la reforma de 2008 fue posible gracias al impulso y el compromiso de la sociedad civil. Durante ocho años la Red Nacional de Organizaciones Civiles a Favor de los Juicios Orales y el Debido Proceso, que alberga a más de 100 organizaciones, ha custodiado la correcta aplicación de cada uno de los mecanismos que integran el nuevo sistema de justicia. El 18 de junio apenas arrancó la consolidación del nuevo sistema de justicia penal.
El acto inaugural estuvo a cargo del presidente de México, Enrique Peña Nieto, quien destacó haber participado en el foro como presidente y como gobernador del Estado de México, porque siempre estuvo convencido de las motivaciones de la sociedad civil para impulsar un nuevo modelo de justicia penal, el cual se concibe más transparente, privilegia la conciliación sobre el castigo y respeta los derechos humanos tanto del inculpado como de la víctima.
Aseguró que estamos frente a un hecho histórico en nuestro país, por lo que expresó la voluntad y la disposición del gobierno de la República para acompañar y dar seguimiento, evaluación y retroalimentación al sistema a través de la SETEC.
Durante su intervención, Alejandro Martí García, presidente de la Fundación México S.O.S, pronunció un emotivo mensaje ya que hace ocho años sufrió la pérdida de su hijo Fernando, razón por la cual ha buscado la justicia incansablemente. Asimismo, realizó un reconocimiento especial a la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), que ha acompañado y apoyado el nuevo sistema de justicia mexicano.
Mencionó cinco retos para trabajar: 1) las prisiones en México, 2) la transformación de las policías, 3) la coordinación interinstitucional, 4) las leyes pendientes y 5) el Poder Judicial. En este punto precisó que la liberación de un delincuente que argumenta tortura sólo debe ser viable cuando no existan pruebas en su contra más que su declaración.
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Subrayó que no se puede permitir que por error, ignorancia, corrupción o malformación, policías, defensores, jueces y magistrados tergiversen la ley evitando procesos justos y privilegien componendas, teniendo como consecuencia resultados desastrosos.
A su vez, Miguel Carbonell Sánchez, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas...
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