El tiempo nos alcanzó
| Autor | Miguel Carbonell |
| Páginas | 50-52 |
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El tiempo nos alcanzó. Parecía lejana la fecha del 18 de junio de 2016 y aquí estamos, a escasos 11 días de que venza el plazo para tener funcionando en todo el país, y para todo tipo de delitos, el nuevo procedimiento penal, basado en las audiencias orales y en la aplicación de los métodos alternos de solución de controversias.
Luego de miles y miles de horas de capacitación, de cientos de foros y seminarios de análisis, de cambios legislativos de enorme magnitud, de haber invertido más de 21,000 millones de pesos, llega la hora cero, el minuto inaugural del nuevo procedimiento penal mexicano.
A partir del primer momento del 18 de junio sabremos si todos los actores estuvieron a la altura del enorme desafío que supone dotarnos de un procedimiento penal más transparente y más justo. Aunque no hace falta esperar hasta entonces para saber que algunas autoridades nos quedaron a deber. Por ejemplo, el Poder Legislativo federal prefirió faltar a su compromiso de tener las principales leyes del nuevo sistema de justicia penal aprobadas a tiempo. No se trata de que las saquen al vapor, sobre las rodillas, apenas unas horas antes de que fenezca la vacatio legis. Simplemente no les dio la gana aprobar con suficiente antelación leyes tan importantes como la que habrá de regir todo el procedimiento para adolescentes en conflicto con la ley penal, la que regirá la ejecución de las sanciones o, por citar un ejemplo más, las indispensables reformas a la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada. Es una lástima que ni eso hayan podido hacer nuestros representantes populares. Tuvieron tiempo suficiente y de sobra, pero sus intereses y su atención pare-cieron estar en otro sitio. Hagamos votos para que puedan remontar dichas omisiones en el periodo extraordinario de sesiones del Congreso que habrá de empezar dentro de unos días.
La reforma de nuestro procedimiento penal tiene como objetivo
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central reducir la impunidad, lograr un respeto absoluto a los derechos humanos, racionalizar las penas y, en particular, el abuso de la prisión preventiva, tener un sistema más eficiente al concentrar el poder punitivo del Estado en los delitos que más dañan a los individuos y a la comunidad, así como generar confianza ciudadana.
La mayor responsabilidad recae en las entidades federativas, pues son de su competencia 92 por ciento de todos los asuntos penales del país; 2 por ciento corresponde a conductas de adolescentes en conflicto con la ley...
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