Reforma política y sociedad civil en Belice, a fines del siglo XX

AutorAntoinette Nelken-Terner

Antoinette Nelken-Terner. Investigadora de la CNRS (Centre Nacional de la Recherche Scientifique / Francia). Investigadora del CEMCA (Centro Francés de Estudios Mexicanos y Centroamericanos), en el que ahora funge como Consejera asociada.

Antecedentes

En el contexto de una historia de la región caribeña poscolonial, el panorama político que hoy ofrece la ex Honduras Británica1 experimenta una nueva conyuntura marcada por la multiplicación de nuevos actores socioeconómicos, socioculturales y sociopolíticos, entre otros, y por unos problemas de fondo –vigentes desde 1981–, fecha de una Independencia que se dio en un ámbito de confrontaciones “de baja intensidad”. El “apacible tránsito sigue permitiendo descartar la intervención militar directa o indirecta, interna o externa”,2 al tiempo que los proyectos de reajuste estructural se van desplegando paralelamente a la necesidad de enfrentar los retos de una cultura integracionista regional implicada por una globalización aparentemente insalvable3 que alcanza al Gran Caribe.

En el contexto subregional de la Cuenca, el orden político ha evolucionado desde principios de los años sesenta en los países descolonizados que presentan cierto activismo político: los líderes locales, inspirados especialmente por el movimiento laborista inglés, “interiorizan” el modelo Westminster (Manley, en Jamaica; Grantley Adams en la Barbada; Eric Williams en Trinidad; George Price en Belice), dándose una “criolización” de los modelos político-institucionales metropolitanos.4

Historia reciente

En la actualidad, emerge un espacio público caribeño adecuado a una serie de iniciativas de las instancias de poder pero, sobre todo, a la expresión de la sociedad civil que fue monitoreada en Belice a partir de marzo de 1994 por SPEAR;5 una ONG cuyo Comité Directivo abordó varios problemas específicos de la vida poscolonial. Con PRAC (Preliminary Recomendation from the National Consultations on Political Reform and Democracy), esta ONG inició una campaña de información y de consulta a nivel nacional, relativa al sistema político beliceño y a su percepción en el país (Anexo I). Según el semanario Alliance (13/XII/95) “…las políticas partidistas eran lo bastante fuertes como para impedir la emergencia de otros partidos: la burocracia política central actuando como una autocracia dentro de un sistema democrático”. Así mismo, en Belize Today, vol. X de enero-febrero de 1996, el editorial presenta “The Cry for Reform”.

La noción de Reforma figura en la agenda nacional, y el UDP (United Democratic Party o Partido Democrático Unido –en el poder desde 93–, creó una comisión bipartidista de seis miembros: tres del UDP, tres del PUP (People’s United Party)(Partido Unido del Pueblo), pero excluyendo a las organizaciones de la sociedad civil, disponiendo la comisión de seis meses para iniciar una consulta pública nacional y desarrollar unas proposiciones preliminares. En 1997 se prevé un preproyecto que debe incluir el insumo proporcionado por la consulta pública, y la comisión organizará unos debates suplementarios sobre los puntos clave antes de presentar el “Manifesto of the People´s United Party 1998-2003 Set Belize Free” al Primer Ministro Ezquivel. Al conseguir que se presentase a mediados de 1997, se tendría un año para “educar” al electorado en vista de las elecciones de 1998, así como para elaborar los mecanismos favorables a la aceptación de las proposiciones recogidas. Las elecciones de 98 representarían la confrontación de los sistemas de proposiciones generados por y entre los partidos políticos, siendo previsto un referéndum separado como sanción de una enmienda eventual de la Constitución.

La práctica de las consultas y de los debates públicos entre los líderes, forman parte de una añeja cultura política popular (desde los antiguos “Public Meeting” de los Baymen, en el siglo XVII). Antes de las elecciones de agosto de 1998, se había previsto un debate sobre la Reforma Política –entre otras cuestiones prioritarias expuestas por ocho organizaciones de la sociedad civil– con amplia cobertura mediática, teniendo como protagonistas a los dos grandes partidos en contienda: el UDP (o Partido Democrático del Pueblo, formado en 1973), y el PUP actualmente en el poder; el proyecto se redujó a una discusión entre los líderes de partidos en las instalaciones de una emisora radiofónica (Love FM). El carácter siempre deseable de unas elecciones transparentes se enfatizó a raíz de las experiencias de 1993.6 El Comité de la Sociedad Civil organizó, además, el 24 de junio de 1998, durante el periodo electoral, un foro sobre los 18 puntos del “People´s Manifesto…Century 21”, inspirado en los resultados de la iniciativa del PRAC. Subrayemos que el Manifesto de PUP, 1998-2001 “Set Belize Free”, fue emitido antes de las elecciones de agosto de 1998 y subrayaba las prioridades gubernamentales en varias áreas de la política pública: en las de la economía; leyes y orden, hábitat y tierra; salud y atención médica, educación; juventud y deportes, turismo, reformas políticas. Sobre el rubro de la reforma política se menciona la necesidad de responsabilizar a los ministros y a los funcionarios públicos por actos ilegales; la de proporcionar a los representantes de los distritos electorales un presupuesto adecuado y una oficina; se programa la presentación de una ley de referéndum, permitiendo que los ciudadanos participen y decidan en materias importantes para la vida nacional. Las organizaciones de la sociedad civil argumentan que tienen el derecho y la responsabilidad de participar en las decisiones nacionales, manifestándose mediante las elecciones pero también fuera de este mecanismo.

Los “Rasgos principales del manifesto” fueron retomados recientemente por la oficina del Primer Ministro Saïd MUSA” (Cfr. Anexo II).

Seis semanas antes de las elecciones generales, el UDP, con motivo de una asamblea en Bird´s Isle el 12 de julio de 98, declaró haber considerado 80 por ciento de las proposiciones, pero que se mantendría como Jefe de Estado a la Reina de Inglaterra; que reduciría el gabinete para tener opciones de designar ministros fuera de la Cámara y del Senado, prometiendo elaborar una legislación especial para el financiamiento de las campañas políticas y organizar otros procesos de consultas nacionales relativas a unas reformas constitucionales, siendo algo soslayada la cuestión de los impuestos (Cfr. Henry N. Anderson. “On Taxes”, en Ideas: mayo-julio 1998, vol. 2, Spear, Belize).

El PUP indicó haber tomado en cuenta 13 de las 18 proposiciones, remitiendo cinco otras a reconsideración.7 En el trasfondo, domina la noción de “desarrollo sustentable”,8 cubriendo la realización de múltiples compromisos; por ejemplo cuestiones relativas al hábitat en el marco de una política de desarrollo urbano; buscar la mejoría del entorno y la estructuración de concejos pueblerinos, etcétera.

(El manifesto, presentado al público el 23 de febrero de 1998 como resultado de dos años de consultas a la sociedad civil, fue recibido favorablemente por docenas de organizaciones populares). En la sección relativa al proceso de la reforma política, el papel de la sociedad civil es dominante y le corresponde llevar a cabo el proyecto de reforma con base en ocho principios: separación de los poderes; independencia del proceso judicial; decentralización; estado democrático; participación del pueblo; responsabilidad de los funcionarios públicos; reforma electoral; participación de la mujer9 (fuera del eventual “gueto” de un departamento de asuntos femeninos).

Albores del tercer milenio

El servicio de prensa informa que el 1 de enero de 99 el gobierno inició la elaboración de un plan de acción para poner en práctica las primeras recomendaciones que le presentó la comisión de reforma política. Sesenta y tres han sido aceptadas. El 25 de enero de 2000, el gobierno completa su primera lectura de las recomendaciones: en efecto, días antes, el 11 de enero, la comisión de la reforma política, constituida en diciembre de 98, presentó al Primer...

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