Reforma penal y necesidades presupuestarias

AutorErnesto Canales y Alec Davis
Páginas28-31

Page 29

En México, la Constitución y las leyes otorgan al gobierno (en sus tres poderes y en el ámbito federal, estatal y municipal) la facultad exclusiva de determinar y recaudar contribuciones, y sancionar, inclusive con el embargo de bienes y la cárcel, a quienes no las aporten. También le mandan mantener la seguridad pública, otorgándole para ello monopolios exclusivos para el uso de la fuerza y la administración de la justicia penal.

No obstante, el Estado mexicano aún está lejos de ser eficaz. ¿Qué sucede en la práctica? Por un lado, tiene enormes problemas para mantener la paz y la seguridad pública y, por el otro, enfrenta serias dificultades para recaudar los recursos necesarios que lo ayuden a realizar debidamente ésta y otras tareas fundamentales (independientemente de que es indispensable que se transparente y haga más eficiente el ejercicio del gasto).

En el tema de la recaudación, los gobernantes, del partido que sean, al parecer no quieren ni pueden. La democracia electoral es muy buena para repartir promesas y bonanza, pero muy mala para pasarle la factura a los ciudadanos. Todos los políticos (y también los ciudadanos) quisieran que la riqueza petrolera alcanzara para todos y para todo, y no tener que solicitar —ni pagar— contribuciones.

Se parte de la premisa de que el gobernante que proponga incrementar las contribuciones de los ciudadanos verá amenazadas sus aspiraciones electorales o las del partido al que pertenece, y en ello tiene un enorme conflicto de intereses. Todos quieren presumir y gozar de la bondad de los programas de papá gobierno, siempre y cuando sea alguien más quien pague. Por eso en este país abundan las promesas fondeadas con subsidios, deudas y participaciones federales.

En el tema de la seguridad pública el asunto es más complejo. Los gobernantes, aunque parece que quieren, no pueden. Sería muy fácil si todos los ciudadanos se portaran bien, pero no es el caso. Por un lado, hay una minoría criminal muy poderosa y muy bien organizada que tiene en jaque al gobierno al grado de que hasta el ejército permanece en las calles para combatirla. Recobrar la paz que los violentos nos han quitado es una tarea difícil que seguramente durará muchos años y que tiene que hacerse, no obstante que está demandando enormes recursos presupuéstales.

Pero, por otro lado, hay una gran mayoría de mexicanos que, aunque en términos generales se portan razonablemente bien y no son violentos, no contribuyen para cubrir los gastos públicos de la Federación, del Distrito Federal, de los estados y de los municipios en los que residen. Lo anterior a pesar de que ésta es una de las pocas obligaciones que explícitamente les impone la Constitución, contribución que debe ser "de la manera proporcional y equitativa que dispongan las leyes", como lo establece su artículo 31. De nueva cuenta, la pelota está en la cancha del gobierno: las leyes deben establecer cómo cobrar. Y cobrar es facultad exclusiva del gobierno. Es un problema legislativo y de administración pública.

Necesidades presupuéstales

Hace ya más de cinco años que se aprobó la reforma constitucional en materia penal. En algunos...

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