A un año de la reforma constitucional en materia de justicia penal

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A finales de junio se llevó a cabo el foro nacional "Seguridad con justicia", convocado por una veintena de universidades, fundaciones y asociaciones civiles. Los organizadores del evento fueron el abogado Ernesto Canales y el empresario Alejandro Martí. Su propósito: conmemorar el primer aniversario de la reforma constitucional en materia de justicia penal y seguridad pública, que apareció en el Diario Oficial de la Federación del 18 de junio de 2008.

¿Dónde estamos? ¿A dónde vamos? Estas preguntas fueron respondidas por diputados, senadores, dirigentes de partidos políticos, académicos y servidores públicos. Como la reforma incluye, por igual, medidas para afilar los dientes del Estado y para crear las condiciones que permitan la agilidad, la transparencia y la rendición de cuentas (en concreto, la justicia alternativa y los juicios orales), hubo momentos en que pareció que el gobierno federal sólo se había aplicado a desarrollar la primera parte —los dientes del Estado—, olvidando la segunda. Fue ésta, por lo mismo, la que más atención atrajo.

Durante el foro, Ana Laura Magaloni advirtió que algunos grupos políticos temen perder privilegios y, por ello, han actuado contra la reforma. El presidente de la República, por su parte, expresó su temor de que unos juicios orales mal apuntalados pudieran derivar en mayores prácticas de corrupción que las que hoy se padecen. Ambos tienen razón.

Cuando uno mira el desastre de la justicia alternativa en El Salvador o las estrategias que ha desplegado la delincuencia organizada en Guatemala para burlar los juicios orales, no significa que deba renegar sobre una y otros. Debe, sin embargo, comprender que la reforma no tendrá éxito en México sin el cambio de mentalidad de policías, peritos, agentes del Ministerio Público, abogados y jueces. Y esto —así lo advirtieron algunos participantes— va a necesitar tiempo. Tiempo y una vigorosa participación de las organizaciones no gubernamentales, de los medios de comunicación, de las universidades y de la sociedad civil en su conjunto. La voluntad política del gobierno federal no será suficiente.

Los países donde ha triunfado el sistema acusatorio —Francia, Estados Unidos, Alemania o el Reino Unido— se...

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