Las razones de la desobediencia civil en las sociedades democráticas

AutorJulieta Marcone
CargoProfesora-investigadora de tiempo completo de la Academia de Ciencia Política y Administración Urbana de la Universidad Autónoma de la Ciuda de México
Páginas39-69

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Introducción

La desobediencia a la ley, como resistencia a la autoridad, ha adoptado diversas formas a lo largo de la historia. En algún tiempo se denominó rebeldes, resistentes o revolucionarios a los desobedientes. Sin embargo, en los últimos años, estos términos han sido desplazados y sustituidos por la expresión "desobediencia civil". En nuestros días, el término "desobediencia civil" es utilizado en sentido amplio, tanto por los actores sociales o políticos como por periodistas y académicos, Volumen 5, número 10, abril, 2009, pp. 39-69

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para referirse a los más diversos actos o movimientos de protesta sociopolítica y de desobediencia a la ley que por convicción o por reclamos de justicia realizan los ciudadanos.

La primera referencia histórica a la desobediencia civil suele atribuirse a Henry David Thoreau, quien en 1846 se negó a pagar sus impuestos al gobierno de Estados Unidos en oposición a la esclavitud y a la guerra contra México. Thoreau, condenado a prisión durante unos días, publicó en 1849 un conjunto de escritos sobre sus acciones contra la guerra con el título Resistencia al gobierno civil. No obstante, este ensayo es generalmente conocido por el título que se le dio a una antología de sus trabajos publicada dos años después de su muerte (1866): Desobediencia civil. En este trabajo Thoreau sentó las bases de lo que hoy en día se conoce como desobediencia civil: la justificación del rechazo público, consciente, colectivo y pacífico a acatar leyes o políticas gubernamentales consideradas injustas o inmorales.

Sin embargo, es hasta 1913, con Mahatma Gandhi, cuando se generaliza la noción de desobediencia civil como reacción ante las fuerzas colonialistas inglesas en la India. Tiempo después, en los años sesenta, Martin Luther King, quien encabezaba la lucha por los derechos civiles de los negros en Estados Unidos, adopta también la estrategia de la desobediencia civil. Desde entonces, diversos grupos y movimientos sociales han apelado a la desobediencia civil en defensa de causas sumamente diferentes. En Estados Unidos, contra la guerra de Vietnam; en Checoslovaquia, frente a la invasión soviética; en Alemania, contra la instalación de armas nucleares. En Argentina, a fines de los años noventa, se calificó de desobediencia civil a las ruidosas manifestaciones sociales con cacerolas y a los "piquetes" destinados a bloquear el tráfico con el propósito de exigir empleo, comida o subsidios.1 En Brasil también se denominó desobediencia civil a las acciones del Movimiento de los Sin Tierra. También en los últimos años se denominó

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desobediencia civil al movimiento de "los parados" y a las protestas de los inmigrantes en Francia, a las movilizaciones y protestas en Seattle, Génova y Cancún frente a la Organización Mundial de Comercio, a las acciones de los movimientos ecologistas como Greenpeace y OXFAM, a algunas de las acciones del Foro Social Mundial, a las manifestaciones contra la guerra de Irak en los Estados Unidos y en otras partes del mundo y a la oposición a la revolución bolivariana de Chávez. Todos estos son ejemplos de expresiones colectivas que han apelado a la desobediencia civil como estrategia para reivindicar derechos, para cuestionar las leyes y las políticas gubernamentales o para confrontar a las corporaciones trasnacionales.

En México, también han apelado a la desobediencia civil movimientos de protesta muy disímiles. En 1986, Francisco Barrio, candidato del Partido Acción Nacional (PAN) a la gubernatura de Chihuahua llamó a la "resistencia civil" contra el fraude electoral que dio el triunfo al candidato del Partido Revolucionario Institucional (PRI) Fernando Baeza Meléndez. En 1988, luego de una jornada electoral plagada de irregularidades (que hacen suponer un fraude masivo), el entonces candidato presidencial del Frente Democrático Nacional, Cuauhtémoc Cárdenas, convocó a movilizaciones en defensa del voto frente a los resultados oficiales que daban el triunfo a Carlos Salinas de Gortari. Pero fue Manuel Clouthier, entonces candidato del PAN a la presidencia, quien llamó a la "resistencia civil" exigiendo una reforma electoral "verdaderamente democratizadora". En 2001 ejidatarios del municipio San Salvador Atenco llamaron "resistencia civil" al movimiento que impulsaron para impedir la expropiación de más de mil hectáreas de la zona donde se pretendía construir un aeropuerto. Y en 2006, la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO) convocó a la "resistencia civil" en protesta por el desalojo violento de los maestros de la sección 22 del SNTE, que realizaban un plantón en la plaza de la ciudad de Oaxaca.

Pero, ¿qué es la "resistencia civil" (o, para ser más precisos, la "desobediencia civil")? ¿A qué se refieren los periodistas, académicos y actores sociales cuando se refieren o apelan a la "desobediencia civil"?

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Algunas constituciones latinoamericanas y europeas garantizan a los ciudadanos un derecho de resistencia en defensa del orden constitucional.2 Pero esta resistencia activa que, a diferencia de la desobediencia civil (otras veces denominada resistencia pasiva) puede adoptar formas violentas, es justificada sólo como medida extraordinaria para reestablecer el orden democrático en general, cuando éste se ha perdido; no como mecanismo cotidiano de influencia en las deliberaciones y toma de decisiones políticas dentro del orden democrático.3 Los movimientos y las manifestaciones que aquí he mencionado apelan a la "resistencia civil" (a la que para evitar confusiones he preferido denominar en este trabajo "desobediencia civil"), no a la resistencia activa (esto es, a un movimiento armado revolucionario).

La definición de desobediencia civil comúnmente aceptada fue elaborada por Bedau en 1961 (Bedau, 1961: 653-665) y retomada por Rawls diez años después, en 1971 (Rawls, 1997), y por Habermas en 1985 (Habermas, 2002). Para estos autores, la desobediencia civil puede definirse como una acción de protesta colectiva, moralmente fundamentada, pública, ilegal, consciente y pacífica que, violando normas jurídicas concretas, busca producir un cambio parcial en las leyes, en las políticas o en las directrices de un gobierno. Subrayo parcial justamente para distinguir la acción revolucionaria, caracterizada por el recurso a la violencia y el cuestionamiento general del orden legal, de la desobediencia civil, en la que se desobedece únicamente de manera simbólica con la pretensión de incidir en la esfera pública y en las decisiones políticas. La desobediencia civil puede ser omisiva o comisiva (esto es, puede dejar de hacer lo estipulado por la ley -omisiva- o viceversa, hacer aquello que está prohibido por la ley -comisiva-), y directa o indirecta (o sea que afecte directamente la ley o política contra la que se despliega la desobediencia -directa-, o bien que se

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desobedezcan leyes o políticas distintas a las que se contraponen, con el fin de llamar la atención pública sobre los motivos de la protesta -indirecta-). Pero en todos los casos, se trata de una acción que, aunque es ilegal (pues viola normas jurídicas), es pacífica (no recurre a la violencia -incluso supone la aceptación de la sanción determinada por la autoridad-) y pública (pues no busca esconder la violación de la ley como sucede con los delincuentes que cometen un delito; al contrario, el objetivo es hacer pública la desobediencia). Se trata también de una acción colectiva, no individual. Quienes desobedecen la ley con fundamentos morales pero de manera individual, como lo hizo Mohamed Ali al negarse a pelear en la guerra de Vietnam, son considerados "objetores de conciencia", pues, como decíamos más arriba, la desobediencia civil se refiere a una acción colectiva, no individual. Y más aún, esta acción colectiva debe tener fundamentos morales. Un grupo de delincuentes que públicamente desobedezcan la ley para obtener beneficios personales no constituye ningún ejemplo de desobediencia civil. La desobediencia civil supone que la colectividad desobediente ofrece razones morales a la sociedad para justificar su violación a la ley. Por ello, todo acto de desobediencia civil es un acto de desobediencia a la ley, pero no todo acto de desobediencia a la ley es un acto de desobediencia civil.

Pero, ¿debe una sociedad democrática tolerar la desobediencia a la ley como forma de protesta? Mi tesis es que dada la inevitable imperfección de las democracias representativas4 y ante el descrédito cada vez más generalizado de los partidos, de los representantes populares y de los funcionarios gubernamentales, los movimientos de protesta y la desobediencia civil no deberían considerarse una señal de abandono del orden democrático, sino una forma excepcional y tolerable de participación política en el interminable proceso de construcción de la democracia. Sostengo que en los estados democráticos de derecho, la desobediencia civil constituye un resorte fundamental del dispositivo simbólico de la democracia,5 que activa los principios legitimadores

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de este orden, a saber: la soberanía popular y el reconocimiento mutuo del derecho a tener derechos.

En lo que sigue, comenzaré por explicar por qué considero que la desobediencia civil es un elemento clave del dispositivo simbólico de la democracia, para después revisar la respuesta que a la misma pregunta sobre la pertinencia de la desobediencia civil han ofrecido, desde distintas perspectivas, Ronald Dworkin y Jürgen Habermas. Como se verá, ambos autores llegan a la conclusión de que la obediencia a la ley no puede ser incondicional. Pero, aunque el punto de llegada es el mismo, los argumentos...

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