Propuestas para recuperar la vigencia de los principios constitucionales del sistema penal
| Autor | Guillermo Zepeda Lecuona |
| Páginas | 392-432 |
VIII. PROPUESTAS PARA RECUPERAR
LA VIGENCIA DE LOS PRINCIPIOS
CONSTITUCIONALES DEL SISTEMA PENAL
…por encontrar en el mundo de lo concreto las cla-
ves de un derecho imposible, empeñado en lograr el
milagro cotidiano (la expresión es de Prosper Weil)
de sujetar a reglas el ejercicio del poder, de hallar un
punto de equilibrio, siempre precario e inestable,
entre el interés de la colectividad, que es el que
dicen seguir los gobernantes, y el de cada uno de los
ciudadanos que forman aquella…
En esa tensión permanente es en la que el con-
cepto de garantía está llamado a jugar un papel esen-
cial. Sin su obligado concurso el poder simplemente
se desplaza. Cambia de lugar y de detentadores pero
conserva intacta la ilimitada capacidad de imposi-
ción en que consiste su esencia misma y con ella los
riesgos inherentes a su eventual abuso.
Tomás Ramón Fernández1
Porque aunque los abogadillos pensaban ser en cier-
ta medida capaces de analizar el estado de cosas en
el tribunal, jamás se les ocurriría sugerir o insistir en
algunas mejoras del sistema judicial. Mientras que
casi todos los acusados, aun los más imbéciles de
entre ellos… manifestaban desde las primeras dili-
gencias gran pasión para sugerir reformas… La única
cosa sensata… era adaptarse a la situación tal cual se
392
1Tomás Ramón Fernández Rodríguez en el prólogo al libro La garantía en el esta-
do constitucional de derecho, de Antonio Manuel Peña Freire, Editorial Trotta,
Madrid, 1997, p. 14.
presentaba… e intentar comprender que esa organi-
zación de justicia permanecía, por así decirlo, en un
estado de sutil equilibrio.
¿Es posible que los altos funcionarios tengan la
posibilidad de impedir la venalidad de sus agentes?
Franz Kafka, El proceso2
1. Los desafíos y dilemas del ministerio público
en México: ni amanuense de la policía ni proyectista
del Poder Judicial
De la vigencia simultánea de los principios del derecho penal (le-
galidad, persecución pública, principios del proceso y de la prueba),
se espera que se concrete el valor más alto de las instituciones legales:
la justicia. Sin embargo, como se ha constatado en el diagnóstico, el
grado de eficacia de los principios en el desempeño de las procura-
durías de justicia es escaso y, en algunos ámbitos, las finalidades para
las que se han establecido los principios y sus salvaguardas y garan-
tías se subvierten en la práctica.
A lo largo del estudio se aprecian consistentemente dos principa-
les líneas (que se interrelacionan entre sí) de este desalentador diag-
nóstico: la concentración de atribuciones sin un control eficaz —lo
que significa la posibilidad de amplios ámbitos de inmunidad para el
poder público depositado en las procuradurías— y una serie de insu-
ficiencias e ineficiencias en la capacidad de respuesta de las procura-
durías ante la demanda de sus servicios.
Dentro de las atribuciones sin control eficaz consideramos las tras-
cendentales facultades tanto durante la averiguación previa como
en el proceso, derivadas del diseño institucional vigente (monopolio,
poco menguado recientemente,3de la acción penal y posibilidad de
disponer de la misma), así como las inercias operativas y las atribu-
ciones informales y de facto. Este conjunto de atribuciones se esta-
VIGENCIA DE LOS PRINCIPIOS CONSTITUCIONALES 393
2Franz Kafka, El proceso, op. cit., pp. 143 y 63, respectivamente.
3Sobre las reformas recientes al llamado monopolio de la acción penal, el lector
puede consultar el breve anexo que se encuentra al final de esta obra.
blece en un entorno institucional de control deficiente o limitado,
tanto por lo que se refiere a los mecanismos e instancias externos de
control como, particularmente, a los internos.4
En la otra línea de diagnóstico, las insuficiencias e ineficiencias
de las procuradurías provocan saturación, enormes rezagos, baja ca-
lidad de los servicios e impunidad. De estas condiciones en las que
se realizan los trabajos de investigación y persecución del delito, se
derivan los mayores impactos que restan eficacia o subvierten los
principios del sistema de seguridad ciudadana y justicia penal.
Por ejemplo, de la saturación y exceso de trabajo se deriva que el
ministerio público sea incapaz de corresponder al principio de lega-
lidad que le requiere la investigación y dictaminación oficiosa de los
casos que se le presentan. En la práctica sólo podrá integrar al expe-
diente las investigaciones realizadas por la policía judicial (siendo
que la investigación debería coordinarla el propio ministerio públi-
co)5y las pruebas presentadas por las víctimas y denunciantes (con
sus respectivos costos). Su labor de representante social queda rele-
gado por el apremio de la demanda de servicios. Así, se abren paso la
oportunidad (contra la legalidad) y el impulso necesario de los de-
nunciantes (frente al principio de investigación pública y oficiosa
del delito y los derechos legales de las víctimas a recibir apoyo de la
autoridad).
De la descripción y diagnóstico panorámico de los principales
ámbitos de desempeño del ministerio público en el subsistema
penal, queda claro que los resultados, los procedimientos y la capaci-
dad instalada de las procuradurías están muy lejos de las demandas
sociales y legales de tener mejores indicadores y percepciones de
seguridad ciudadana y de justicia penal.
A partir de 1995, año en el que se vivió una intensa escalada delic-
394 CONSIDERACIONES FINALES, CONCLUSIONES Y PROPUESTAS
4Sin dejar de considerar la breve referencia a la incidencia jerárquica que vulnera
la autonomía del ministerio público, a la que se hizo referencia en la segunda parte
del capítulo vi.
5Como se señaló en el diagnóstico, por este motivo Juventino Castro llama al
ministerio público “amanuense de la policía judicial”, pues incorpora y convalida las
actuaciones “investigadoras” de las policías.
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