El modelo de prevención del delito implementado en el Distrito Federal
| Autor | Diana Margarita Magaña Hernández |
| Cargo | Profesora investigadora del Departamento de Derecho. Universidad Autónoma Metropolitana-Azcapotzalco. |
| Páginas | 283-310 |
[283]
* Profesora investigadora del Departamento de Derecho. Universidad Autónoma Metropolitana-Azcapot-
zalco.
El modelo de prevención del delito
implementado en el Distrito Federal
Diana Margarita Magaña Hernández*
En este artículo se hace un análisis del modelo
de prevención del delito implementado por el
Gobierno del Distrito Federal, como eje rector de
su política de seguridad pública, durante la última
administración. Para ello se estudiaron los informes
anuales presentados por la Secretaría de Seguridad
Pública del Distrito Federal y de la Procuraduría
General de Justicia del Distrito Federal, tanto en
los datos cuantitativos que arrojaron como en los
lineamientos de política criminal que siguieron.
Lo anterior permitió clasifi car las tácticas
preventivas implementadas en tres modelos de
prevención delictiva ya documentados en la
literatura sobre la cuestión criminal, lo que sirvió
de base para determinar los alcances, limitaciones y
costos de dichas políticas.
SUMARIO: Introducción. / 1. Los rumbos de la política de seguridad ciudadana. / 2. El programa de seguridad
pública en el Distrito Federal. / Diagnóstico de la inseguridad. / Modelos de prevención del delito. /
El modelo de la prevención situacional. / El modelo de prevención social. / El modelo de
prevención comunitaria. / Conclusiones. / Bibliografía
The model of prevention implemented by the
Federal Government of the Federal District, as a
guiding axis of its Public Security Policy during the
last administration, is analyzed in this article. With
this aim, Annual Reports rendered by the Secretariat
of Public Security of the Federal District and by the
General Public Prosecution Offi ce of the Federal
District were studied— quantitative data as well as
the guidelines of criminal policy that was followed.
The abovementioned permitted classifying the
preventive strategies implemented in 3 models
of criminal prevention, already documented in
literature on criminal issues. This served as a basis
to determine the scope, limitations, and cost of the
aforementioned politics.
Introducción
En el presente texto se examinarán los diversos modelos alternativos de prevención
del delito que conforman el programa de seguridad ciudadana del Distrito Federal de
la última administración.
Sección Artículos de Investigación
284 alegatos, núm. 63, México, mayo/agosto de 2006
Comúnmente, el discurso político nos permite distinguir en la política criminal
dos fi nalidades que son la represión del delito y la prevención del delito; la primera
signifi ca la intervención del Estado una vez que el delito ha sido producido, es decir,
sancionar penalmente al sujeto responsable, y la segunda es intervenir antes de que se
produzca el delito, con el objetivo de evitar que ocurra.
Para cumplimentar dichas fi nalidades, la política criminal echa mano de diversos
recursos, los cuales pueden ser penales o extra-penales.
El recurso penal se asocia en primer lugar con la represión del delito, aunque tam-
bién se da a la tarea de prevenirlo; de ello dan cuenta las doctrinas utilitaristas de
justifi cación de la pena, ya sean las doctrinas de prevención general –que refi eren el
fi n preventivo a la generalidad de los asociados– en su clasifi cación positiva –que
busca la integración disciplinar– y en su clasifi cación negativa –que se traduce en la
intimidación–; o las doctrinas de prevención especial –que refi eren el fi n preventivo
a la persona del delincuente– que en su versión positiva signifi ca la corrección del
delincuente y en la negativa la neutralización del mismo.1
Los recursos extra-penales, a diferencia de los penales, se asocian directamente
con el fi n preventivo, más que el represivo. Se podrían defi nir como las prácticas,
políticas, tácticas, modelos, es decir, todos aquellos recursos que se desarrollan fuera
del ámbito de la justicia penal con el fi n de reducir la comisión de delitos.
Pero cabe destacar que el hecho de que los recursos extra-penales se defi nan como
recursos informales no signifi ca que las propias instituciones penales no los utilicen.
Tal es el caso de las políticas de seguridad pública que los gobiernos, en este caso el
gobierno del Distrito Federal, han venido implementando en los últimos años con el
fi n de hacer frente al problema de inseguridad en la ciudad.
Aunque, también, hay que precisar la complejidad del concepto seguridad ciuda-
dana que por un lado signifi ca el temor objetivo de ser víctima de un delito y por otro
la sensación o percepción subjetiva de temor a ser víctima de un delito; por ello el
hecho de reducir de manera objetiva este riesgo no signifi ca, en todos los casos, que
los ciudadanos se sientan más seguros y viceversa, lo que quiere decir que ambas di-
mensiones de la seguridad ciudadana se encuentran independientes. De acuerdo con
la literatura sobre el tema, existe lo que podría denominarse como un “desacuerdo
político de fondo” en la forma en que se plantea la cuestión de la seguridad, en el que
“en aras de preservación de la seguridad, se impone un modelo que aísla el tema del
delito del contexto cultural y social en el que éste tiene lugar, lo que da como resulta-
do falsas disyuntivas entre la protección de los derechos y la procuración de seguri-
dad, o en modelos de políticas sociales y modelos de aseguramiento del orden.”2
1 Luigi Ferrajoli, Derecho y razón. Teoría del garantismo penal, Trota, Madrid, 2001, pp. 321-331.
2 Luís González Placencia, Ciudades Seguras V. Percepción ciudadana de la inseguridad., UAM, Conacyt y
Fondo de Cultura Económica, México, 2002, p. 25.
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