Órdenes de cateo: entre la garantía y la eficacia
Letras Jurídicas › Núm. 9, Octubre 2009
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Abogados Penal
Resumen
La aplicación del derecho penal se ha enfrentado con el dilema de su efectividad, pero sin afectar las garantías y derechos consagrados en los textos constitucionales. En países como México en donde los índices de violencia son muy altos, estas garantías y derechos son concebidos como un obstáculo en la función de prevenir y perseguir los delitos, sobre todo porque el más mínimo error de la autoridad en el procedimiento es impugnado como violación a las garantías constitucionales del indiciado; aunque también es cierto que los abusos de la autoridad sigue siendo una práctica habitual, que no podemos soslayar. Esta divergencia nos ha impedido avanzar en el tema que analizamos en este breve trabajo, sobre la posibilidad de que los policías puedan ingresar a los domicilios sin orden de cateo en caso de flagrancia. Llama la atención que países como los Estados Unidos de Norteamérica, España, Colombia y Perú, entre otros, contemplan en sus textos constitucionales esta excepción a la garantía de la inviolabilidad del domicilio, además de que la Suprema Corte de Justicia se pronunció sobre dicha posibilidad.
The application of criminal law has faced with the dilemma of its effectiveness, but without affecting the guarantees and the rights enshrined in the constitutional texts. In countries such as Mexico, where violence rates are very high, these guarantees and rights are designed as an obstacle to prevent and prosecute crimes, especially because the slightest mistake of authority in the procedure is challenged as constitutional violation from the suspect; but it is also true that certain abuses from authority are still common practice, which We can not avoid. This divergence prevented us to make progress on the subject to We discussed in this short work, about the possibility that the police to enter homes without a search warrant in case of flagrante delicto. Draws attention to countries like the United States of America, Spain, Colombia and Peru, among others, that are covered by their constitutional texts this exception to guarantee the inviolability of the home, also Supreme Court commented on that possibility.Ver el contenido completo de este documento
Extracto
Órdenes de cateo: entre la garantía y la eficacia
I. Introducción. El 18 de junio de 2008 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la reforma constitucional en materia de justicia penal, considerada como la más importantes de la historia moderna de México, ya que implicó un cambio integral del sistema de justicia penal, pasando del modelo mixto preponderantemente inquisitivo a uno garantista de corte acusatorio y oral. La reforma comprendió la modificación a los artículos 16, 17, 18, 19, 20, 21 y 22; las fracciones XXI y XXIII del artículo 73; la fracción VII del artículo 115 y la fracción XIII del apartado B del artículo 123, todos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y en donde se consideraron procedimientos completamente novedosos dentro de nuestro sistema de justicia penal, como son los juicios orales, jueces de control, mecanismos alternativos de solución de controversias y la facultad investigadora de la policía. 1Cabe señalar que la propuesta fue bien recibida por prácticamente todos los diputados y senadores, excepto por ciertas modificaciones al artículo 16 que, de acuerdo con algunos legisladores, implicaban violaciones a las garantías individuales prescritas en la Constitución, tales como el acceso por parte del ministerio público a información clasificada en casos de delincuencia organizada, la posibilidad de ingresar a los domicilios sin orden judicial por parte de los policías y la grabación de comunicaciones entre particulares. La aplicación del derecho penal históricamente se ha enfrentado con el dilema de su efectividad, pero sin afectar las garantías y derechos consagrados en los textos constitucionales. Como lo reconoce Jesús Zamora Pierce, estamos ante un binomio que busca conciliar intereses en principio difícilmente conciliables2. Ante los constantes abusos de la autoridad penal los defensores de los derechos humanos han propugnado porque exista una verdadera protección y no sólo un enlistado de garantías o derechos. Por su parte, para las autoridades de seguridad y procuración de justicia las garantías constitucionales muchas veces son vistas como un obstáculo en su tarea de prevenir y perseguir los delitos. En este breve trabajo analizaremos precisamente uno de los temas que causó mayor polémica dentro de los debates parlamentarios, tanto en la cámara de diputados como en la cámara de senad...
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