Las organizaciones mayas de Guatemala y el diálogo intercultural
| Autor | Julieta Carla Rostica |
| Páginas | 75-97 |
Julieta Carla Rostica. Doctoranda mención Ciencias Sociales y Humanas por la Universidad Nacional de Quilmes. Docente de la Facultad de Ciencias Sociales, Universidad de Buenos Aires. Dirección Electrónica: julietarostica@yahoo.com
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Un hecho histórico1 que no puede ser soslayado al momento de analizar los nuevos movimientos sociales en América Latina es que muchos han nacido como consecuencia de la apertura al régimen democrático. Sin ese horizonte de sentido se torna inconcebible pensar en demandas que en cierto modo cuestionan el etnocentrismo de los derechos humanos. Con el fin de las dictaduras institucionales de las fuerzas armadas han nacido infinidad de organizaciones de derechos humanos que, al contraponerse a los crímenes de lesa humanidad, centraron sus reivindicaciones en los derechos civiles y políticos. No obstante, también se originaron nuevas organizaciones sociales que propusieron nuevas reconceptualizaciones.
En el caso específico de Guatemala, las dictaduras institucionales de las fuerzas armadas y la aplicación sistemática de la doctrina de la seguridad nacional provocaron entre fines de la década de los setenta y mediados de la década de los ochenta los índices más altos de violaciones a los derechos humanos en Latinoamérica. El 81% de las 200 mil muertes y desapariciones que dejó el conflicto armado se concentraron en 3 años (1981-1983). Sin embargo, del total, el 83.3% fueron padecidas por miembros del pueblo maya, quienes sufrieron además, actos de extrema crueldad y violencia que alcanzaron para tipificar los crímenes como de genocidio. En respuesta a ello, la Comisión para el Esclarecimiento Histórico (CEH) determinó la necesidad de a los derechos humanos el concepto de violaciones colectivas, como las “violaciones a los derechos de existencia, integridad e identidad cultural de los pueblos indígenas”.2 Desde un enfoque comparativo socio-histórico de las dictaduras latinoamericanas de fines del sigloPage 77 XX, esta diferencia permite comprender el surgimiento en Guatemala, a la par de las organizaciones de derechos humanos tradicionales, de organizaciones indígenas con reivindicaciones de derechos específicos.
Estas últimas son las organizaciones no alineadas mayas, cuyas demandas centrales, núcleo de la acción y organización, son de carácter étnico. Realizaremos una aproximación a ellas pues son las que, como mostraremos, con su sola presencia y visibilidad han generado una transición democrática que ha tocado las dos aristas más problemáticas de la exclusión en la región: el racismo y la propiedad de la tierra.
El antecedente más cercano de la movilización indígena se halla en las consecuencias del terremoto de 1976. El conocido como “despertar sociológico” de la población mayense y el estrechamiento de los lazos de solidaridad con organizaciones campesinas y guerrilleras, favoreció la construcción de la analogía entre indígena-subversivo por la cúpula militar. En efecto, dicha identificación tenía profundas raíces racistas cuando suponía que las cualidades innatas del indígena lo hacían potencialmente subversivo, y por ende enemigo interno. De allí que la fórmula “quitar el agua al pez” comprendió el exterminio de la población indígena donde la guerrilla encontraba eco y consecuentemente su resultado genocida. Esto explica en parte el restablecimiento de la incipiente legalidad democrática por parte del Ejército en 1985. La misma se llevó a cabo no sólo por la derrota de la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca (URNG) y el aplacamiento de la movilización social, sino además por haber logrado la desarticulación de las redes de solidaridad de las comunidades rurales e indígenas.
Bajo la nueva etapa histórica debida al cambio de régimen, la problemática y defensa de los derechos humanos hizo eclosión en el pueblo indígena, el cual retornó nuevamente a la organización y movilización. Las organizaciones populares indígenas que surgieron como efecto de la represión y que sostuvieron en el discurso la defensa de los derechos humanos se nuclearon en la ‘Coordinadora de Sectores Surgidos por la Represión y la Impunidad’3 en 1991, organizaciones que junto al ‘Comité de Unidad Campesina’ (CUC) y las organizaciones que desarrollaban únicamente aspectos étnicos coordinadas por medio del ‘Consejo de Organizaciones Mayas de Guatemala’4 (COMG) formaron la ‘Coordinadora dePage 78 Sectores Civiles’ (CSC) bajo la pauta de solicitar al gobierno y a la URNG que la integren al Diálogo por la Paz, pues consideraban que ninguno de los dos interlocutores podían representar los intereses del pueblo maya.
El período que comprendió los años 1994-1996, durante el cual se desarrolló el conocido “proceso de paz” caracterizado por la mediación de Naciones Unidas en el diálogo entre las organizaciones insurgentes y el gobierno, vio una nueva forma de participación del pueblo indígena. El Acuerdo Marco para la Reanudación del Proceso de Negociación creó la ‘Asamblea de la Sociedad Civil’ (ASC). Con ella, si bien no se pretendía incluir a un tercer interlocutor, sí implicaba una mesa paralela de discusión y propuesta sobre los temas sustantivos a las partes. Entre la inmensa cantidad de organizaciones sociales convocadas, se encontraba la SCS. La ASC se organizó en diez sectores con la función de desarrollar documentos sobre cada uno de los cinco temas de la agenda. De tal forma, las organizaciones mayas se agruparon a través de la ‘Coordinadora de Organizaciones del Pueblo Maya de Guatemala’5 (COPMAGUA), diferenciándose de los Grupos de “Derechos humanos” y “Sindicatos y organizaciones populares”. Los temas que fueron núcleo de durísimas confrontaciones y debates en el seno de la ASC fueron los referidos a la Identidad y Derecho de los Pueblos Indígenas y las Reformas Socioeconómica y Agraria, sobre todo los puntos referentes a la autonomía del pueblo indígena y las demandas sobre tierra y territorio histórico. No obstante, se llegó a un Documento de Consenso que se presentó a las partes de la negociación. Pero ésta propuesta no fue la única. La ‘Coordinadora Nacional de Organizaciones Campesinas’ (CNOC) y el ‘Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras’ (CACIF) presentaron lo suyo para el segundo tema. El cruce de perspectivas diferentes y antagónicas, concepciones marxistas y liberales, indígenas y occidentales se trasladaron a las partes de la negociación.
Luego de la suscripción de los Acuerdos, se comenzaron a organizar los mecanismos de su implementación a través de comisiones paritarias, formadas por una participación equitativa gubernamental e indígena, las cuales harían recomendaciones al Congreso para las reformas legislativas. Aquí lograron desarrollar un importante trabajo que luego culminó siendo rechazado en un referéndum. Este hecho supuso su crisis interna y finalmente su ruptura en junio de 2000.
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Mencionadas estas cuestiones, surgen a consideración varias preguntas: Si las conclusiones de la CEH aseguran que la población indígena fue la que cargó con la mayor cantidad de violaciones a los derechos humanos y crímenes de genocidio ¿no hubiera sido necesario que el pueblo indígena sea uno de los interlocutores fundamentales en las negociaciones de paz en el sentido de una instancia de diálogo intercultural? Si su excepción en el mismo fue una estrategia política para inducir al diálogo a la guerrilla y al ejército y crear un marco de paz y “legalidad” bajo el cual impulsar los otros Acuerdos de Paz, ¿puede afirmarse que la participación indígena, en la ASC y ésta a su vez en la mesa de negociación, se manifestó en el contenido de los acuerdos? Aún logrado el espacio político necesario en las comisiones paritarias y pese a sus esfuerzos por sostenerlo6 ¿porqué las reformas constitucionales fueron rechazadas en el referéndum?
Las respuestas a estas preguntas requieren de un análisis de las reivindicaciones de las organizaciones mayas, una caracterización del tipo y del contenido de las mismas; específicamente en qué consiste el Derecho Consuetudinario Maya, la concepción indígena acerca de la dignidad humana y las diversas formas de violentarla. En dichas demandas podremos observar su potencialidad revolucionaria, y afirmar que el movimiento indígena en Guatemala se conformó como multiculturalismo emancipatorio7 al interpelar no sólo al Estado, sino al sector privado del sistema de poder representado en la cúpula empresarial guatemalteca, el CACIF. En efecto, fue el indígena, como alteridad histórica quien solicitó sus derechos cuestionando la fuente y el lugar desde el cual se los pudiesen proveer: el etnocentrismo de los derechos humanos, la globalización homogeneizante, el capitalismo, el neoliberalismo.8 En definitiva, la contradicción principalPage 80 resultó de la superposición de las relaciones de clase y las relaciones interétnicas. Estas particularidades hicieron que congenien en las demandas de las organizaciones indígenas aspectos étnicos vinculados por un lado al racismo operado desde tiempos remotos con el racismo generado en los últimos años de terrorismo de estado, y por el otro a la propiedad de la tierra.
Ahora bien, ¿qué rol en éste entramado político asumieron las organizaciones indígenas en la transición a la democracia? Esta pregunta es de indiscutida relevancia pues trae aparejadas las críticas hacia el relativismo cultural. En otros términos, ¿cuán cesionistas y fundamentalistas son estas organizaciones al configurar su identidad en sus demandas y en las formas de interactuar y de vincularse con el estado y la...
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