Ladrillos ideológicos para un muro anti-inmigrantes

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AutorJosé Luis Rocha Gómez
CargoInvestigador de la Universidad Centroamericana (UCA) de Managua y coordinador de las investigaciones del Servicio Jesuita para Migrantes (SJM) de Centroamérica. Licenciado en filosofía y master en teología.
Páginas1-35

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1. Hoy como ayer: diques, muros, vallas para esos "otros amenazantes"

El 6 de agosto de 1890, William Kemmler, un inmigrante alemán, fue el primero en estrenar la silla eléctrica en la Prisión de Auburn en Nueva York. Un inmigrante tunecino residente en Francia fue el último en padecer la guillotina en 1977. Los inmigrantes jamás han sido the cup of tea de las sociedades que con escaso tino y justicia suelen ser llamadas de "acogida". El historiador estadounidense Arthur Meier Schlesinger sostuvo que en los Estados Unidos los hombres de más antiguo linaje colonial vieron a los recién llegados con una especie de alarma que fue repetida en cada nueva generación. Los inmigrantes caucásicos no han sido la excepción. También suscitaron temor y deprecio. Benjamín Franklin declaró que los inmigrantes alemanes derramados sobre Pennsylvania eran generalmente los más estúpidos de su propia nación: al no estar habituados a la libertad, ignoran cómo hacer un recatado uso de la misma. Según Schlesinger, las objeciones más repetidas contraPage 2la inmigración, aquellas que apelan a la no asimilabilidad, el pauperismo y a la criminalidad, se originaron durante esos tempranos años, dejando para los años posteriores y más congestionados el desarrollo de argumentos derivados del miedo a la competencia económica.1

Ocasionalmente, el terror y el rechazo ante los inmigrantes brotan con renovados bríos, y se multiplican las políticas, mecanismos, discursos y recursos para controlar, expulsar y criminalizar. Construir un enemigo aglutina y forma parte de la estrategia demagógica de los partidos de derecha para cosechar votos. George W. Bush construyó un enemigo afuera -los musulmanes- y un enemigo adentro -los inmigrantes- La tensión es evidente: los políticos quieren rechazarlos, los empresarios necesitan contratarlos. La contradicción es aparente y se disuelve mostrando que el costo de la mano de obra es inversamente proporcional a la cantidad y efectividad de las medidas que restringen el ingreso de inmigrantes, es decir, que "a mayor irregularidad, mayor rentabilidad". Las medidas restrictivas redistribuyen los costos de la presencia de los inmigrantes: los contribuyentes financian la construcción de la irregularidad y los empresarios la capitalizan.

Para engrasar este lucrativo sistema -máquina que produce votos y dólares- en 2006 se dieron pasos que expresan hasta qué punto ha subido la temperatura de las políticas hacia los inmigrantes. El 16 de diciembre de 2005 la Cámara de Representantes de los Estados Unidos aprobó el proyecto de ley HR 4437 (Ley de 2005 para la Protección Fronteriza, Antiterrorismo y Control de la Inmigración Ilegal)2, mejor conocida como Ley Sensenbrenner, por su promotor, el representante republicano de Wisconsin, James Sensenbrenner. Este proyecto propone, entre otras cosas, la construcción de un muro de 1,120 kilómetros a lo largo de la frontera de Estados Unidos con México en los puntos con mayor cruce de inmigrantes indocumentados; entrega al gobierno federal la custodia de los "¡Ilegal aliens" -extranjeros ¡legales- detenidos por autoridades locales -con el propósito de evitar que sean liberados sin ser procesados por carencia de recursos -; obliga a que los empleadores verifiquen el estatus legal de sus trabajadores a través de mediosPage 3electrónicos; requiere el envío de informes al Congreso para asegurarse de que esas verificaciones están siendo realizadas; elimina las concesiones al gobierno federal o a los gobiernos estatales y locales para aplicar una política de santuario -ciudades como Chicago o Nueva York han tenido este tipo de políticas particulares que hacen caso omiso de disposiciones generales más restrictivas -; incorpora las comunicaciones satelitales entre oficiales de inmigración; requiere que todo los uniformes de las patrullas fronterizas sean hechos en los Estados Unidos para evitar falsificaciones; requiere que el Departamento de Segundad Nacional -the Department of Homeland Security (DHS)- reporte al Congreso el número OTMs -(Otherthan Mexicans, por sus siglas en inglés), los nos mexicanos, aprehendidos y deportados, y el número de aquellos provenientes de estados que promueven el terror; obliga a que todos los indocumentados -antes de su deportación- paguen 3 mil dólares si están de acuerdo en salir voluntariamente, pero no se adhieren a los términos del acuerdo; establece un período de gracia de 60 días para la salida voluntaria; requiere un estudio sobre un posible muro fronterizo con Canadá; sitúa en 10 años la sentencia mínima por portación de documentos falsos; requiere un récord criminal -con garantía de estar fuera de la lista de terroristas- a cualquier extranjero que solicite la concesión del estatus legal; establece una pena, no menor a 3 años de cárcel, para quienes hospeden a indocumentados; añade los delitos de trata y tráfico al estatus de lavado de dinero; incrementa las penas por emplear a extranjeros indocumentados a 7 mil 500 dólares en el caso de la primera denuncia -a 15 mil para la segunda y a 40 mil para las subsecuentes-; prohibe prestar ayuda a los indocumentados y aplica, a quienes conscientemente desobedezcan este mandato y ayudan al reingreso de un indocumentado, la misma pena de cárcel que le corresponde a dicho inmigrante. Y aunque esta última disposición apunta hacia los traficantes, tal y como está redactada, también afecta a las iglesias, instituciones de candad y vecinos que ayudan a los indocumentados proporcionándoles comida, ropa o refugio.

Posteriormente, el Comité Judicial del Senado aprobó un proyecto de ley que intenta incorporar tanto medidas de seguridad como algunos mecanismos para regularizar la presencia de algunos indocumentados y un programa de trabajadores huéspedes. Pero ese proyecto debía compatibilizarse con lo establecido en la ley Sensenbrenner, una tarea en exceso espinosa, y más aún con las señales que elPage 4gobierno estadounidense emitió como respuesta a las manifestaciones de protesta de los inmigrantes y los grupos solidarios. El contragolpe llegó en varias formas. Entre las medidas de aplicación inmediata, no faltó la represión. Así lo denunció el sociólogo James Petras: "La policía de inmigración ha aumentado las detenciones masivas en los lugares de trabajo, intentando provocar un clima de intimidación. Durante la semana del 21 al 28 de abril, el jefe de la Homeland Security Agency, Michael Chertoff, dirigió la detención de 1,100 trabajadores indocumentados en 26 estados."3 Posteriormente, el 15 de mayo, el presidente Bush ordenó el despliegue de 6 mil efectivos del ejército sobre la línea fronteriza con México para reforzar a las patrullas fronterizas en su persecución de indocumentados. Dos días después, con 83 votos a favor y solamente 16 votos en contra, el Senado aprobó la construcción de una barrera de tres vallas a lo largo de 595 kilómetros de la frontera y una barrera de 804 kilómetros para bloquear el tránsito de vehículos. También aprobó una enmienda, que excluye de un eventual programa de legalización a los extranjeros indocumentados con antecedentes criminales, considerando entre éstos a quienes han cometido un delito grave o tres delitos menores.

El vecino del sur, el gobierno mexicano comandado por Vicente Fox, justificó el muro y el despliegue militar como una medida que brinda segundad a los migrantes. Fox estará pensando en los migrantes de cuello blanco. Pocas voces discreparon. Pocas se dejaron oír. Y algunas lo hicieron con argumentos de doble filo. Incluso, cuando un pensador como Jorge G. Castañeda señaló la inutilidad de la construcción de un muro en la frontera México-Estados Unidos, planteó los conflictos alrededor de la migración de latinoamericanos hacia el norte, principalmente en términos de las relaciones de México con los Estados Unidos -excluyendo de un rol protagónico a otros países latinoamericanos- y abogó por políticas que restrinjan el tráfico de migrantes. "México -dice Castañeda- debe asumir la responsabilidad de regular ese tráfico, lo que significa algo más que sellar su frontera sur. El gobierno podría, por ejemplo, duplicar los pagos de seguridad social a los hogares donde sea el hombre quien se queda en casa, amenazar con revocar los derechos de reforma agraria después de años de ausencia de las comunidades rurales y establecer puntos dePage 5estrangulamiento en las carreteras en el Istmo de Tehuantepec."4 En la versión de Castañeda, el muro físico es sustituido por una barrera de políticas de palo y zanahoria y por operativos policiales.

2. Identidades en busca de un enemigo: Huntington se pregunta Who are we?

Un país que se rodea de murallas y se llena de medidas paranoicas no parece muy en consonancia con la autoproclamada devoción por la libertad. El discurso y las políticas migratorias estadounidenses han descrito un giro notorio, en el que coinciden con muchos otros países desarrollados receptores de migrantes. El sociólogo estadounidense Immanuel Wallerstein encuentra la manifestación de este giro en "que cuando la Unión Soviética no permitía a sus habitantes emigrar libremente, se...

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