El Juicio Penal Acusatorio para los Efectos del Amparo
| Autor | Dr. Ricardo Ojeda Bohórquez |
| Cargo | Doctor en Derecho. Magistrado de Circuito en Materia Penal |
| Páginas | 32-34 |
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El presente ensayo tiene por objeto establecer la contradicción existente entre 2 normas previstas en leyes secundarias, que a mi juicio, son de suma importancia en el Nuevo Proceso Penal Acusatorio Oral, próximo a entrar en vigor en nuestro país. Situación que hace necesario establecer un pronunciamiento de nuestra parte para evitar posibles confusiones al momento de juzgar. Se trata de los artículos 211 del Código Nacional de Procedimientos Penales y artículo 170, párrafo v, de la Ley de Amparo, que discrepan en cuanto al momento en que inicia el proceso penal federal, lo cual se constata de su contenido que en la parte conducente señala lo siguiente:
Artículo 211. "Etapas del procedimiento penal. [...]
El proceso dará inicio con la audiencia inicial, y terminará con la sentencia firme".
Artículo 170. "El juicio de amparo directo procede: [...]
Para efectos de esta Ley, el juicio se inicia con la presentación de la demanda y, en materia penal, con el auto de vinculación a proceso ante el órgano jurisdiccional; [...]".
Con el fin de entender mejor la discordancia entre ambas normas, es preciso establecer previamente qué se entiende por juicio penal. Algunos autores consideran que es la operación mental que realiza el juez para conocer previamente el asunto que va a fallar en cuanto al fondo, y que ha sido objeto del proceso. Tiene el mismo significado que el juicio lógico. Otro grupo opina que es sinónimo de proceso penal, entendido éste como el conjunto de actos jurídicos relacionados entre sí que se realizan ante o por un órgano jurisdiccional, con el fin de resolver un litigio, es decir, conjunto de todos los actos realizados en presencia de un juez, hasta el dictado de la sentencia (audiencia inicial, hasta la sentencia definitiva). Finalmente, hay quienes sostienen que es aquél que comienza a partir del dictado del auto de vinculación a proceso y concluye con el dictado de la sentencia ejecutoriada de segunda instancia. Lo anterior en su concepto, con base en lo dispuesto por el artículo 19, párrafo i, de la Constitución Federal que establece lo siguiente:
Artículo 19. "Ninguna detención ante autoridad judicial podrá exceder del plazo de 72 horas, a partir de que el indiciado sea puesto a su disposición, sin que se justifique con un auto de vinculación a proceso en el que se...
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