Juan Pablo Guerrero Amparán: 'El problema de la corrupción no es un tema cultural

AutorMiguel Manrique
Páginas56-59

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Hay quienes dicen, como el secretario de la Función Pública, que la corrupción es un asunto cultural y que, por ende, tardará años en disminuirse. ¿Comparte usted esta opinión?

Que la corrupción no es un asunto cultural, sino de ausencia de instituciones efectivas para su control, no es tema de opiniones, sino de evidencia. Varios estudios lo han probado y la experiencia lo demuestra: el mismo conductor que se pasa el alto y se arregla con el policía de tránsito del lado mexicano de la frontera, deja de hacerlo al circular por las calles al norte de la frontera. Las instituciones de Estados Unidos controlan mejor que en México el problema. Todos lo sabemos y actuamos en consecuencia: cuando hay mecanismos efectivos de control a la corrupción que incluyen sanciones sociales, legales y económicas, evitamos el riesgo de transgredir la ley y acatamos las reglas de probidad de buena gana, más allá del bagaje cultural. La herencia cultural como variable explicativa de la corrupción es un recurso claudicante y auto-complaciente.

Desde su perspectiva, ¿qué herramientas de control indispensables deben formar parte del Sistema Nacional Anticorrupción? Un sistema anticorrupción efectivo debe comprender lo siguiente: 1) registros de la propiedad y de comer-cio realmente públicos y accesibles (en línea, por ejemplo); 2) la eliminación completa del anonimato en la posesión de sociedades, empresas y fundaciones, fondos y fideicomisos; 3) la existencia de una institución profesional y absolutamente independiente con capacidad efectiva de investigación anticorrupción, que incluya el acceso irrestricto al cruce de datos de operaciones bancarias y declaraciones de impuestos y patrimoniales de los investigados; 4) un sistema que proteja ampliamente a denunciantes e informantes de actos de corrupción, los premie y los estimule a denunciar a cómplices, incluyendo la conmutación de castigos para dichos whistleblowers; 5) transparencia irrestricta en el uso y destino de los recursos públicos, incluyendo la publicidad de los detalles de todos los contratos de compras con dinero público, y 6) jueces especializados en la materia, dotados de independencia, incentivos y garantías por el buen desempeño de su trabajo. Nada más, nada menos: son seis puntos en un breve párrafo. Y hago observar que dije “un” sistema; no me referí a “el” sistema que se ha diseñado y debatido por meses entre especialistas de sociedad civil en la materia y la clase política.

La...

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