El influjo de la remesa participativa en las Zonas de Alta Migración Internacional
| Autor | Humberto Márquez Covarrubias |
| Cargo | Estudiante del Doctorado en Estudios del Desarrollo de la Universidad Autónoma de Zacatecas. |
| Páginas | 2-34 |
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El desarrollo participativo, bajo la figura del Programa Tres por Uno, adquiere gran importancia en las Zonas de Alta Migración Internacional (ZAMI) ante el contexto prevaleciente de insustentabilidad social, deterioro productivo y despoblamiento. Al amparo de la estrategia de descentralización, el gobierno federal cede algunas funciones a los gobiernos locales, pero sin concederles mayores recursos en la escala de las nuevas atribuciones conferidas. Esto crea problemas en las regiones económicas porque se aminoran las posibilidades de impulsar el desarrollo, pues en términos reales disminuye la inversión pública canalizada a esos ámbitos geográficos, dado que se parte del supuesto de que el mercado asignará la inversión privada necesaria, al tiempo en que se plantea la exigencia de que la población presuntamente beneficiada por esa política aporte sus propios recursos para impulsar el desarrollo local y regional.1
Como parte de la política de descentralización de índole neoliberal en México, en 1992 el gobierno federal y el de Zacatecas instituyen un programa de coinversión focalizado en este estado, zona de alta migración por antonomasia, donde los migrantes zacatecanos organizados en clubes y federaciones en Estados Unidos, tienen que invertir sus recursos, las remesas llamadas genéricamente colectivas (Moctezuma 1999), para el desarrollo social. Si bien ya los migrantes invertían esos recursos previamente sin que el Estado participara para promover obras sociales, lo hacían con el propósito dePage 3garantizar la convivencialidad, como lo analizaremos más adelante. Pero con la participación del Estado se trata ahora de cumplir con un propósito político, ausente anteriormente en la práctica independiente de los migrantes: que ellos, organizados, contribuyan con sus propios recursos a promover el desarrollo de sus lugares de origen. Este programa, originalmente, se denominó Dos por Uno y a partir de 1999 Tres por Uno, cuando se sumó el aporte al fondo de coinversión de los municipios. Posteriormente, en 2001 el programa se difundió a nivel nacional, y algunos países centroamericanos lo adoptaron como suyo. Por su parte, los organismos internacionales, como el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), se han empeñado en propagarlo en otras latitudes, como un programa exitoso para el desarrollo social (Sedesol, 2005).
Los claroscuros tiñen el panorama social de las ZAMI. Por una parte, se promueve la emergencia de organizaciones de migrantes, sin que por ello esté garantizada su autonomía, pero, por la otra, no se impulsa el desarrollo de las ZAMI. Nuestro argumento es que el paso de lo que aquí designaremos como remesa societal a remesa participativa en las ZAMI no es otra cosa sino la cristalización institucionalizada de una práctica social que los migrantes realizaban con el específico propósito de promover, en sus lugares de origen, la convivencialidad y algún grado de desarrollo social autónomo, para servir ahora esencialmente a los propósitos de la descentralización y a la legitimación política a través de la gobernabilidad de las ZAMI, y no a los propósitos del desarrollo local y regional.
En aras de desplegar nuestro argumento, dividimos el trabajo en cinco secciones. En primera instancia, hacemos un breve recorrido por el uso teórico y práctico del concepto de participación o desarrollo participativo en elPage 4escenario de la instrumentación de la política neoliberal de ajuste estructural. En segundo lugar, proponemos un nuevo concepto, la remesa societal, que describe el ascenso de la práctica social de los migrantes con arreglo a la convivencialidad en los lugares de origen, y para el caso, antecedente del desarrollo participativo. En tercer término, nos centramos en el objeto de este trabajo, que se funda en otra propuesta conceptual, la remesa partidpativa, misma que cristaliza la ingerencia institucional del Estado en la práctica social de los migrantes, con miras a difundir el programa de descentralización y a garantizar la gobernabilidad de las ZAMI. En cuarto lugar, ofrecemos una caracterización empírica de la remesa participativa a través del análisis del Programa Tres por Uno. Finalmente, presentamos las conclusiones generales.
El concepto de participación se remonta a la década de los sesenta con la CEPAL (1964), cuando comienza a prender la idea de desarrollo local o comunitario. Motivado por la tensión internacional de la Guerra Fría, el desarrollo comunitario se difunde en los programas de Alianza para el Progreso y Desarrollo Rural Integral. Acto seguido, en el contexto de la crisis estructural del capitalismo de los setenta, la Fundación Dag Hammarskjöld (1974) plantea la idea de desarrollo alternativo2 como una modalidad de desarrollo noPage 5dependiente del libre mercado ni de la gestión del Estado. A ello se suma la noción de necesidades básicas (Tomic, 1982; OIT, 1976) en alusión a los términos de la supervivencia: salud, educación, seguridad social y bienestar. En los ochenta, el desarrollo participativo, derivado de la política de descentralización y privatización, se implanta como modelo de desarrollo comunitario; el actor privilegiado es el llamado tercer sector3 cuya ubicuidad no deja de ser escurridiza cuando se proclama una entidad aparte del mercado y el Estado (Piñar y Sánchez, 2001; Donati, 1997). Durante los noventa, el Banco Mundial, con el afán de conferir un rostro social a los estragos ocasionados por las políticas de ajuste estructural, enarbola a los pobres como actores empoderados (BM, 2002). Estos sucesivos modelos de desarrollo comunitario han estado dirigidos y promovidos por los organismos internacionales encargados a su vez de profundizar el proyecto neoliberal.
El desarrollo participativo se alimenta de cuatro conceptos básicos:
- Capital social. La participación como la incorporación de los beneficiarios potenciales en el proceso de desarrollo (Arriagada, Miranda y Pávez, 2004; De Soto, 2004). El desarrollo no con miras a cambiar las condiciones socioeconómicas sino la posición de los sujetos que forman parte del sistema, buscar oportunidades y el uso de su capital social (Fox, 2003; PNUD, 2000)
- Empoderamiento. La participación como fuente de poder (empowermenf) con lo que se constituía, y capacitaba, a los objetos delPage 6proceso de desarrollo en sujetos activos, involucrándolos en todas y cada una de las fases, incluyendo el diagnóstico inicial y la determinación de los problemas y necesidades de la comunidad (Alsop, 2004; BM, 2002; Yamada, 2001)
- Gobernabilidad. Mediante la participación y el consenso social se pretende construir un escenario de democracia local que supla la presencia de un gobierno fuerte; en ello contribuye la representatividad de la comunidad en los programas y en algunos casos la instrumentación de mecanismos de transparencia y rendición de cuentas (Stiglitz, 1999; Mayntz, 1998)
- Descentralización. Ante la reducción y modernización del Estado, el gobierno central, en un escenario de austeridad fiscal, pretende eficientar la dotación de servicios públicos con la participación de sectores sociales organizados (Alburquerque, 2004; Díaz y Silva, 2004; Finot, 2001; Aghón, Alburquerque y Cortés, 2001; CCIDEEyAL, 1993).
En los ochenta, en el contexto de la crisis de la deuda y el encausamiento de la redemocratización, se aplica en América Latina la política de ajuste estructural y las reformas de libre mercado (liberalización comercial y financiera, desregulación, privatización y reducción del Estado), que trajo consigo, además, la descentralización (Veltmeyer, 2000). Cabe advertir que si bien estas políticas son diseñadas e impuestas por el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial (BM), en la región los estados quedan sujetos a ese nuevo modelo económico, al reducir visiblemente sus márgenes de autonomía debido, en parte, a esa imposición política, y en parte, alPage 7consentimiento de las élites locales por adoptar esa política, con lo cual se constriñen los espacios de soberanía que eventualmente albergarían proyectos alternativos de desarrollo.
En un corto tiempo afloran puntos críticos en las economías nacionales: poco crecimiento, aumento de las desigualdades sociales y la consecuente irrupción de protestas sociales de distinto signo. Por ello el FMI, el BM y el BID lanzan una nueva política social con el presunto objetivo de conferirle un rostro humano a la política neoliberal, es decir, contribuir abiertamente a su legitimación. Por su parte, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) también pretende suavizar los efectos de las políticas de ajuste estructural mediante una estrategia enmarcada en el "liberalismo social" (CEPAL, 1990, 1992), que en México se implemento como Programa Nacional de Solidaridad (Pronasol).4 En el ámbito internacional se teje un entramado institucional para promover distintas modalidades de desarrollo en aras de la legitimación del neoliberalismo: "desarrollo humano" (PNUD, 2000; INRIDS, 2000); nueva política social (BM, 1991); transformación productiva con equidad (CEPAL, 1990, 1992) y el desarrollo alternativo (Dag Hammarskjöld, 1974). Adicionalmente, varios autores trabajan distintos enfoques asociados al desarrollo alternativo o basado en la comunidad.5 El punto de encuentro entrePage 8las formulaciones institucionales y autorales es el papel preponderante asignado a la participación popular.
El concepto de Estado propio del neoliberalismo subyace en las propuestas de desarrollo...
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