Formación VS. Información Método de problemas y Cátedra Magistral en la educación jurídica en México

AutorMónica Victoria Ruiz Balcázar
CargoDoctora en Derecho Público por la Universidad Veracruzana
Páginas1-17

Doctora en Derecho Público por la Universidad Veracruzana. Académico de Carrera de la Licenciatura en Derecho en el Sistema de Enseñanza Abierta-UV- Región Coatzacoalcos.

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Introducción

"Una cosa es lo que marca la ley y otra muy distinta lo que sucede en la realidad" reza un popular dicho entre los estudiantes de derecho en México. Con lo anterior se hace alusión a la falta de correspondencia entre los textos legales y la realidad, y por ende al alejamiento entre la forma de enseñar el derecho y el ejercicio de la profesión.

Entre las poderosas razones para mejorar la enseñanza del derecho en México se encuentra una que no podemos dejar de citar y que consiste en el nuevo rol que el jurista desempeña a partir del año de 1994 en que se da la recepción del movimiento de Reforma Judicial en nuestro país.

De esta manera abordamos en primer término el impresionante crecimiento de las escuelas privadas de educación superior, especialmente en la carrera de derecho por la incidencia que tiene en la calidad educativa, enseguida se examina en que consiste el método de enseñanza basado en problemas cuya eficacia se ha demostrado en otras áreas del conocimiento para estar en posibilidades de plantearlo como un modelo alternativo a la cátedra magistral predominante en nuestra tradición pedagógica.

1. El "boom" de las escuelas de derecho

La mayor urgencia a la reforma educativa en la carrera de Derecho, es sin duda la implementación de alternativas para el proceso de aprendizaje que favorezca nuestro tradicional modelo educativo destinado a la formación de los nuevos profesionistas.

Vinculado a la necesidad de contar con un método de enseñanza eficaz, las diversas escuelas que ofrecen la carrera han mostrado su preocupación por evaluar la calidad del servicio que prestan, sobre todo porque el papel de las universidades públicas en su conjunto ha cambiado al dejar de tener el monopolio de la oferta educativa como resultado de la demanda masiva para ingresar a las distintas carreras profesionales; así como la desconcentración de los servicios que ha permitido la creación de campus regionales localizados fuera del área donde residen sus máximas autoridades. Page 3

Así, encontramos que las instituciones privadas de educación superior1 en México han visto la oportunidad de satisfacer la creciente demanda para estudiar la carrera de derecho, en virtud de que no requieren autorización previa2 para iniciar sus actividades, y si lo solicitan pueden obtener el Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios (RVOE) de los programas que deseen impartir, por lo que en México como en el resto de América Latina se ha registrado la apertura de un número creciente de instituciones privadas encaminadas a "producir" egresados de las distintas ramas del conocimiento, los cuales se rigen por las leyes del mercado.

Al modificarse la oferta de servicios de educación superior cuyo esquema dominante era la hegemonía de las instituciones sostenidas por el erario público, la matrícula empezó a concentrarse en escuelas privadas. Dicha tendencia se vio reforzada porque dentro del proceso de globalización las políticas neoliberales empezaron a sustituir las del Estado de bienestar, en las que predominan las estrategias de mercado, y la privatización de servicios públicos entre los que se encuentra el de educación superior.3

Según una estimación hecha en la Conferencia Regional sobre Educación Superior en América Latina y el Caribe el número de estudiantes inscritos en instituciones de educación superior en América Latina y el Caribe en el periodo comprendido de 1950 a 1994 se multiplicó por 27 por lo que en 1994 alcanzó una cifra cercana a los 8 millones, por su parte los docentes de los niveles de enseñanza superior de 25 mil que eran en 1950 ascendieron a 700,000 en el año de 1994, sin que esto signifique que se haya aumentado su capacidad de formación, ya que Page 4 debido especialmente a los bajos salarios, su disponibilidad para el trabajo en la enseñanza y en la investigación se ve seriamente disminuido.

En cuanto a las instituciones de educación superior de 75 que eran en 1950 llegaron a 6 mil en 1994. De las mismas en 1950 se contaba con 70 universidades y para 1994 se había llegado a 800, de las cuales el 60 por ciento pertenecía ya al sector privado.4

Por otra parte y específicamente en la carrera de derecho en 1979 se registraron 57 973 estudiantes distribuidos en 87 planteles, mientras que para el año 2003 la cifra se incremento a 203 149 alumnos matriculados en 526 planteles, por lo que no se puede dejar de observar su inusitado crecimiento,5 aunque al igual que en otras disciplinas el perfil del estudiante ha variado pues se han incorporado a la matrícula escolar personas laboralmente activas e inclusive jubilados o profesionistas provenientes de otras ramas.

Según los datos estadísticos proporcionados por ANUIES, desde 1999 hasta la fecha, la carrera de derecho ocupa el primer lugar en la demanda y la matricula educativa, señalando que en el año 2001 en México poco más del 45% era ya absorbido por el sector privado.

Así también, en un estudio sobre el espectacular aumento de la oferta educativa particular se pudo verificar que en tan solo una década el Distrito Federal de 16 escuelas privadas llegó a 58 instituciones en el año 2001 con una matrícula creciente de 19 543 a 28 910 estudiantes en el mismo periodo, mientras que en el Estado de México de 9 planteles se incrementaron a 66, y de una población estudiantil de 12 762 se alcanzo la cifra de 24 571 alumnos, lo que deja ver la tendencia de oferta privada educativa en el nivel superior.6

Con lo anterior, no es extraño suponer que muchos de los aspirantes a los estudios universitarios que por distintas razones no han logrado ingresar a los espacios públicos acudan a las escuelas privadas, especialmente porque algunas se manejan como empresas lucrativas que con la finalidad de ganar usuarios ofrecen Page 5 toda clase de facilidades que inciden en el servicio que prestan y cuya calidad no está necesariamente garantizada.

En la República Mexicana los particulares pueden impartir educación en todos sus tipos y modalidades;7 y en cuanto a las de educación superior les será otorgada la autorización y el reconocimiento de estudios con validez oficial que soliciten cuando cuenten con los siguientes requisitos:

  1. Personal académico que acredite la preparación adecuada para impartir educación y en su caso, satisfacer los requisitos señalados por las autoridades de la Secretaría de Educación Pública8 o de las secretarías correspondientes en las entidades federativas o en el Distrito Federal.

  2. Instalaciones que cumplan con las normas de higiene, seguridad y de pedagogía que la autoridad otorgante determine.

  3. Presentar planes y programas de estudio que las autoridades educativas consideren procedentes.9

  4. Proporcionar un mínimo de becas en los términos de los lineamientos generales que las autoridades otorgantes establezcan.

  5. Facilitar y colaborar en las actividades de evaluación, inspección y vigilancia que las autoridades competentes realicen u ordenen. 10

Por otra parte el ordenamiento en cuestión también señala que para que una institución de educación superior sea reconocida oficialmente como universidad debe ofrecer por los menos cinco planes de estudios del nivel de licenciatura o postgrado, en tres áreas del conocimiento, una de las cuales deberá ser de humanidades.

Debido a la falta de regulación suficiente, existe un profundo desconocimiento sobre la calidad de los programas educativos, el nivel de desempeño y la pertinencia social de esas instituciones, ya que lo que se sabe de las mismas es generalmente lo que aparece en la publicidad de su oferta educativa, pero dichas referencias no son suficientes para una evaluación seria, al ser datos Page 6 parciales, incompletos o fuera de su contexto destinados a la mercantilización del servicio educativo.11

Cabe mencionar que después de la crisis de los años ochentas y a principios de los noventas en México, las políticas públicas empezaron a diseñarse para atender no sólo el reclamo social sobre la oferta sino también la calidad del servicio que prestan mediante la evaluación y acreditación de los programas de educación superior ofrecidos, lo que impulsó también el diseño de políticas públicas que proporcionen recursos con base en la competitividad.

Así nace también la necesidad de garantizar la calidad de la educación jurídica y de proteger la Universidad Pública de la creciente mercantilización de los servicios educativos creándose organismos externos para la evaluación y certificación de la calidad a través de organismos externos que permiten diseñar modelos alternativos de acuerdo a las necesidades nacionales con criterios estandarizados sobre lo que una escuela de derecho debe enseñar y lo que el estudiante debe saber, hacer y valorar al egresar.

Al respecto hay que considerar la inestabilidad del objeto de la evaluación y/o acreditación educativa debido a las diferentes concepciones que del concepto derivan según la región, la disciplina y el sujeto interesado en la calidad.

Así tenemos que para el académico la calidad de la educación puede consistir en los saberes; para los empleadores en competencias; para los estudiantes se traduce en la posibilidad de encontrar empleo de acuerdo al perfil profesional; para la sociedad significa contar con ciudadanos respetables y competentes; para el Estado según la posición que asuma puede variar entre aspectos vinculados con el desarrollo social y humano a la eficiencia, a los costos y a los requerimientos de capital humano.12 Por su parte la definición de la UNESCO (Conferencia Mundial sobre Educación Superior, Informe Final Parías, 1998) sintetiza diciendo que es la adecuación...

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