Evaluar no es provocar
| Autor | Jorge García Martínez |
| Páginas | 20-22 |
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La llamada reforma educativa, que modificó los artículos 3o, 31 y 73 constitucionales, tuvo como propósito fundamental modernizar el marco jurídico para lograr una educación de mayor calidad y equidad, concentrándose fundamentalmente en crear el Servicio Profesional Docente, elevar a rango constitucional al Instituto Nacional de Evaluación de la Educación (INNE), promover el Programa de Escuelas de Tiempo Completo y crear el Sistema de Operación y Gestión Educativas.1
Hacer posible las reformas constitucionales significó un gran logro del Estado mexicano, pero las reformas por sí solas no serán suficientes para cumplir con los objetivos trazados en las reformas constitucionales. Adecuar el marco jurídico para alcanzar los objetivos será el verdadero reto por vencer, ya que es ahí donde se encuentra la verdadera resistencia de los grupos de interés prohijados por el propio Estado mexicano.
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No importa saber quién fue más condescendiente con esos grupos, si la Federación, los estados, o ambos a la vez. Lo importante es que se alimentó la codicia, la corrupción y el poder de dichos grupos, lo que dio como resultado que éstos retaran al Estado mexicano.
Ahí están la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), la Sección 22 de Oaxaca del Sindicato de Trabajadores de la Educación, algunos grupos de la guerrilla y una amplia gama de "organizaciones sociales" que aseguran luchar por los "intereses del pueblo". No veo cómo puede ser del interés del pueblo que impere el atraso en la educación de la niñez mexicana. Todo mundo conoce el constante chantaje que ejercen esos grupos para obtener prebendas y canonjías, valiéndose de la suspensión de clases por largos periodos de tiempo, sin importarles el futuro de los alumnos, los bloqueos de carreteras, la toma de casetas de cobro de las autopistas, el robo y la extorsión a particulares, los actos vandálicos, en fin, cualquier cosa que impida la actividad económica en municipios, en la capital de una entidad federativa, e incluso en la propia capital de la República.
Es tanta la soberbia de esos grupos, que no sólo se han caracterizado por realizar actos como los descritos, sino que abiertamente amenazaron con impedir las elecciones que se celebraron este 7 de junio, destruyeron oficinas de comités distritales y casetas de votación, robaron y quemaron papelería electoral y dañaron bienes, afortunadamente sin la resonancia que buscaban.
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