La educación como arena política
| Autor | Aurora Loyo Brambila |
| Páginas | 25-26 |
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Creación
de la escuela
secundaria
La Cristiada y
el resurgimiento
de la polémica
histórica
Las bases
educativas
en debate
5. La educación como arena política
Durante la presidencia de Plutarco Elías Calles (1924-1928) se man-
tuvo el apoyo a las escuelas rurales y se introdujeron innovaciones
en otros niveles del sistema educativo. En consonancia con el resur-
gimiento de la actividad industrial y comercial que trajo la relativa
pacificación del país, el gobierno mostraba su visión moderna al otor-
gar recursos a las escuelas técnicas, crear la escuela secundaria y pro-
ceder a una reorganización de la Escuela Nacional de Maestros. Esta
labor constructiva no se percibía, sin embargo, en su justa dimen-
sión, pues quedaba opacada por el enfrentamiento entre la Igle sia y
el Estado con motivo del cumplimiento del artículo tercero.
En 1926, el Episcopado y otras organizaciones católicas em-
prendieron una campaña para reformar los artículos constitucionales
contrarios a sus intereses, pero no lo consiguieron. Lamentablemente
no fue posible evitar lo que se conoce como el “levantamiento cris-
tero”, protagonizado principalmente por campesinos y clases medias
de algunos estados —principalmente Guanajuato, Jalisco, Aguasca-
lientes, Colima, Michoacán y Zacatecas—, quienes profesaban un
acendrado catolicismo y se opusieron, con armas en mano y el apoyo
inicial del clero, a acatar lo establecido por la ley en materia de pro-
hibiciones y limitantes a la educación religiosa y a las actividades
de los sacerdotes. El gobierno de Calles negoció una salida que, sin
embargo, fue efímera. Pocos años después, la también llamada Cris-
tiada, cuyo periodo más álgido se sitúa entre 1927 y 1929, se expan-
dió y dio lugar a acciones violentas tanto por parte de los insurrectos,
como del ejército federal y los grupos revolucionarios. Finalmente, en
1932, hubo otra negociación en la que participó la alta jerarquía de
la Iglesia Católica mexicana.
Como consecuencia de este arreglo, los gobiernos sucesivos
admitirían, en el terreno de los hechos, que las escuelas particulares
católicas continuaran impartiendo clases de religión. Sin embargo, la
legislación no se modificó. Fue por lo tanto un acuerdo que reafirmó
la tradición, presente desde el periodo colonial, de que la autoridad
aceptara la trasgresión a los preceptos jurídicos vigentes.
A pesar de esas vicisitudes, se iba afirmando el control estatal
en la educación. Los focos de resistencia fueron quedando al margen
y dejaron de constituir una amenaza real para el gobierno. A partir
de entonces, la fuente de conflicto se desplazó. En lo sucesivo, el de-
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