Eber Betanzos. Un abogado renacentista
| Autor | Ángel M. Junquera Sepúlveda |
| Páginas | 14-19 |
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Cuando se leen los informes de Human Rights Watch, de Amnistía Internacional o de la CIDH uno tiene la impresión de que la violación de derechos humanos en México —como dijo el visitador de la ONU— es permanente y sistemática. ¿Tan mal andamos en esta asignatura?
México es un país democrático, que siempre ha mostrado apertura al escrutinio internacional, como lo acredita el hecho de que es impulsor histórico y parte activa de los sistemas universal e interamericano de derechos humanos. En este sentido, el gobierno mexicano también ha tenido apertura para analizar cuidadosamente la información que se presenta sobre su gestión, todo lo cual no obsta para que también se reconozcan logros en la materia.
Nuestra nación es uno de los Estados en el mundo occidental que tiene mayores avances normativos en la materia, que se ven reflejados desde la promulgación de la reforma constitucional de 2011 hasta el establecimiento de un Programa Nacional de Derechos Humanos y las acciones que forman parte de una agenda encaminada a su salvaguarda y protección.
Por ejemplo, en materia de justicia penal, el sistema acusatorio, que apenas entró en vigor a nivel nacional, establece una serie de prácticas que necesariamente deben apegarse a un Estado Democrático de Derecho; que en todo momento salvaguarden los derechos de las víctimas y del inculpado; que atiendan los desafíos que permitan abatir precisamente los abusos por parte de las autoridades, y que faciliten que la población acceda a la justicia.
La Procuraduría General de la República (PGR), acorde con el reto, está impulsando una serie de políticas públicas con una perspectiva de derechos humanos en temas como prevención e investigación de la tortura, desaparición de personas, violencia en contra de mujeres, niñas, niños y adolescentes, y migrantes, por mencionar algunas.
¿Qué ha fallado, entonces, a la hora de comunicar la situación del país en la materia? Definitivamente estamos frente a un escenario, desde hace muchos años, en el que la percepción pública es de desconfianza hacia el desempeño institucional. Año con año las autoridades se enfrentan a la necesidad de fortalecer su legitimación, mediante la permanente rendición de cuentas, entendida como un punto constatable por la ciudadanía. Debemos estar conscientes de que reconocer los logros y comunicar los avances no es una manera de eludir lo que falta por hacer, sino que también es parte de una rendición de cuentas integral.
Por eso es necesario fortalecer los mecanismos institucionales que permitan a la ciudadanía conocer el hecho de que todo servidor público que viole derechos humanos será sancionado, de forma que los abusos no queden impunes y que las víctimas obtengan una reparación.
Una pregunta de diseño institucional: ¿por qué la PGR hace lo que debiera corresponder a la policía? Casos como Ayotzinapa, la fuga del Chapo o Nochixtlán implican una investigación policial más que una intervención del Ministerio Público, ¿no?
En nuestro sistema jurídico penal, la dirección de toda investigación de delitos corresponde al Ministerio Público. La necesidad de la inter-vención policial está determinada propiamente por la naturaleza de los hechos materia de indagación. En ese sentido, en toda investigación se precisa de la intervención del Minis-
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terio Público, pero al margen de ello...
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