Discapacidad y participación electoral
| Autor | María Lourdes González - Rodolfo González |
| Cargo del Autor | Politóloga, maestría por la Universidad de Oxford - Profesor de derecho electoral del Centro de Altos Estudios (Calen) |
| Páginas | 198-223 |
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XI. DISCAPACIDAD Y PARTICIPACIÓN ELECTORAL
MARÍA LOURDES GONZÁLEZ, RODOLFO GONZÁLEZ
1. INTRODUCCIÓN
La cuestión de facilitar el acceso de las personas con discapacidad a la ple-
na participación electoral se ha convertido en una preocupación creciente
en la consideración de las sociedades latinoamericanas.1Se aprecia no
sólo la conveniencia de que incidan en las decisiones políticas en las comu-
nidades de que forman parte, sino además y fundamentalmente, como la
facultad de ejercer sus derechos políticos como manifestación integral de
los derechos humanos.
De lo que se trata es de analizar las posibilidades de que personas con
discapacidad participen en los procesos electorales, entendiendo como ta-
les desde la incorporación a los registros cívicos o electorales que permiten
conformar los padrones de habilitados para sufragar, el poder postularse
como candidatos a cualquiera de los cargos electivos, asistir a los actos de
las campañas proselitistas de los distintos partidos o formaciones, acceder
a la propaganda que desarrollan los distintos candidatos en forma directa
o a través de los medios masivos de comunicación, hasta acceder con faci-
lidad a la emisión del sufragio en la comisión receptora de votos.
2. CONCEPTO Y ALCANCE DE DISCAPACIDAD
Para definir la discapacidad utilizamos el concepto que, en 1999, adoptó la
Convención interamericana para la eliminación de todas las formas de dis-
criminación contra las personas con discapacidad: “Una deficiencia física,
mental o sensorial, ya sea de naturaleza permanente o temporal, que limita
la capacidad de ejercer una o más actividades esenciales de la vida diaria,
1Para un análisis más detallado de las normas constitucionales que velan por otros dere-
chos, véase González Rissotto, 2002.
que puede ser causada o agravada por el entorno económico y social”. La
terminología empleada ha suscitado marcadas diferencias no sólo por el
alcance logrado en cada país, por el abordaje realizado desde el mundo
académico, sino que incluso ha suscitado polémicas en algunas organiza-
ciones de discapacitados que debaten acerca de cual debería ser la deno-
minación más ajustada y que tuviera menor carga semántica. De todas
maneras, emplearemos la denominación “discapacitados”, que es la más
aceptada y que despierta menos susceptibilidades en las organizaciones no
gubernamentales.
Naturalmente, esta definición no se refleja en la terminología emplea-
da en la mayoría de los países de la región, que emplean diferentes deno-
minaciones, algunas con notorias connotaciones negativas, que de alguna
manera perpetúan la discriminación que se practica hacia este segmento
de población. En efecto, se emplean los términos “impedido” (Honduras,
México, Nicaragua), “inválido” (Chile), persona con “defecto físico”, “mi-
nusválido”, y “sordomudo” (Paraguay). Sin embargo en la mayoría de los
países el término más empleado es el de “no vidente” o “ciego”.
También es necesario precisar a quiénes incluye el concepto de “disca-
pacidad”, ya que entendemos que hay personas que, pese a presentar algu-
na “deficiencia física”, no se ven afectadas en las posibilidades de su plena
participación electoral, como alguien que tenga afectado total o parcial-
mente un miembro superior, o un discapacitado auditivo o sordomudo que
se pueda dar a entender por escrito y conozca el lenguaje de señas. En cam-
bio, hay otras personas que habitualmente no son consideradas discapaci-
tadas, como los cardiacos o quienes padecen enfermedades respiratorias
severas y que, sin embargo, pueden llegar a tener enormes dificultades pa-
ra participar en los procesos electorales, tanto en la etapa de la inscripción
cívica, como en la posibilidad de tomar parte en actos proselitistas en la vía
pública, así como en la emisión del sufragio, en la medida en que las me-
sas de votación, tanto emplazadas en las zonas urbanas como rurales, estén
ubicadas en la planta alta de los edificios que son utilizados como locales o
centros de votación.
Estimamos que igualmente se tendría que considerar la situación de
las personas de la llamada “tercera edad” que tengan dificultades motrices
y que tradicionalmente no se consideran como discapacitadas. Este seg-
mento de la población va a incrementar su número en el futuro, si se tiene
en cuenta cómo se va prolongando el promedio de vida de los habitantes
de la región y del mundo en general.
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