En defensa del erario público
Revista El Mundo del Abogado › Núm. 113, Septiembre 2008
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Contar con los recursos económicos necesarios para realizar las acciones y ofrecer los servicios que la sociedad necesita, exige a los gobiernos establecer impuestos, derechos, aprovechamientos y contribuciones. Estos recursos forman parte del erario público, que debe ser administrado con responsabilidad y eficiencia en beneficio de la colectividad. ¿Qué hacer cuando este patrimonio se ve afectado por las acciones de los funcionarios públicos?
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En defensa del erario público
Algunos defectos de técnica legislativa en las leyes que tienen inherencia, en forma directa o indirecta, con las actividades públicas, aunado a otras circunstancias, permiten que se generen gastos innecesarios en detrimento del patrimonio que los funcionarios tienen bajo su custodia y, consecuentemente, en perjuicio de la sociedad. Uno de esos gastos son las erogaciones que las entidades públicas realizan para el pago de indemnizaciones o laudos perdidos originados por despidos de sus trabajadores. Antes de abordar este punto, queremos hacer referencia al artículo 123 apartado B constitucional, a las leyes burocráticas que regulan las relaciones entre los tres niveles de gobierno y los trabajadores, a la Ley Federal del Trabajo y a la jurisprudencia. Competencias burocráticas en los ámbitos federal y estatal La Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado es reglamentaria del apartado B del artículo 123 constitucional. Por otro lado, cada entidad federativa tiene sus propias legislaciones burocráticas que regulan básicamente las relaciones laborales entre el municipio y sus servidores públicos. Y para dirimir los conflictos de trabajo entre el...
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