Chuayffet tiene razón
| Autor | Ángel M. Junquera Sepúlveda |
| Cargo | Director |
| Páginas | 1-1 |
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La decisión del secretario de Educación Pública, Emilio Chuayffet, de suspender la evaluación de los maestros unos días antes de las elecciones del 7 de junio no fue un patinazo, como afirman algunos. Los integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) habían amenazado con boicotear dichas elecciones si no se cancelaba la evaluación y todo indicaba que estaban en posibilidad de cumplir su amenaza en diversas regiones del país.
El anuncio de Chuayffet desconcertó no sólo a los grupos de activistas que han convertido las evaluaciones a los maestros en su bandera, sino también a las propias autoridades del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE), que exigieron que no se cancelaran las evaluaciones. Pero la Secretaría de Educación Pública nunca las canceló: sólo las suspendió. Como lo apunta la abogada Ana Laura Magaloni en su columna sabatina de Reforma, "por ello lo hizo a través de un comunicado de prensa y no de un acto de autoridad formal". No hubo, pues, ni violación a la Constitución, ni a la ley. Una vez que concluyeron las elecciones, Chuayffet dio una explicación sobre la suspensión e hizo saber que las evaluaciones no se iban a cancelar en modo alguno. A nadie le quedó duda, sin embargo, del auténtico motivo del anuncio de la suspensión. Los senadores del PAN, que más tarde se dijeron agraviados, fueron los menos sorprendidos.
El mismo día que se anunció la reanudación de las evaluaciones, un juez determinó que éstas debían llevarse a cabo. Esto indujo a pensar que había sido la decisión judicial —y no la de la SEP— la que restableció las evaluaciones. No fue así: si de veras hubiera querido cancelar las evaluaciones, la SEP habría interpuesto un recurso tras otro para revertir la decisión del juez.
Lo que, definitivamente, sí tiene que ver con la acción judicial es la determinación que adoptó la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por unanimidad, en el sentido de que los derechos que deben salvaguardarse son los de los niños. Los de los maestros están sujetos a los de cualquier trabajador que deba cumplir con estándares mínimos de calidad en su desempeño. Por eso resultaría difícil creer que algún organismo internacional fallara en contra de los niños, en caso de que los maestros—como han anticipado que harán— recurrieran a instancias internacionales.
Todo indica que tras la resistencia magisterial únicamente están los dirigentes que se aferran a sus privilegios. Los...
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