Cerremos el caso iguala
| Autor | Ángel M. Junquera Sepúlveda |
| Cargo | Director |
| Páginas | 3-3 |
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La noche del 26 de septiembre de 2014 murieron tres estudiantes de la escuela normal Raúl Isidro Burgos, situada en Ayotzinapa, Guerrero. También un joven futbolista, un chofer de camión y una mujer que viajaba en taxi. Otros 43 estudiantes de esa misma escuela desaparecieron…
Desde entonces, el caso Iguala se ha convertido en un dolor de cabeza para el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto. Aunque la investigación que se hizo fue intensa, aún quedan cabos sueltos que los enemigos del régimen, algunas OSC’s y ciertos luchadores sociales han visto como oro molido para cobrar viejas cuentas o para sacar raja.
A lo anterior se sumaron algunas declaraciones desafortunadas del procurador, del secretario de Gobernación y hasta del presidente de la República. Pero no sólo han sido sus declaraciones. El propio gobierno invitó y financió al Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), integrado por cinco activistas que vinieron a agitar las aguas y a incrementar las sospechas de que el responsable de los 43 desaparecidos “fue el Estado”, como se clamaba en las calles.
Siguiendo tácticas predecibles en el ámbito de la resistencia civil, los “expertos” se dedicaron a denunciar más que a investigar. Todo lo pusieron en duda: los testigos fueron torturados, las pruebas fueron sembradas, no pudo haber ardido una pira sin que se viera a kilómetros de distancia, los soldados no fueron correctamente interrogados, los estudiantes siguen encerrados en un cuartel militar… Nada sostenible, a decir verdad.
Todo indica que los estudiantes que salieron ese aciago 26 de septiembre a “tomar” autobuses para transportar a sus colegas a las marchas del 2 de octubre en la Ciudad de México, fueron confundidos por
Los Guerreros Unidos, uno de los grupos que se disputa la siembra de amapola y el comercio del opio en Guerrero. Creyeron que pertenecían a Los Rojos, otro de los grupos delictivos que operan en la región, y exigieron a las policías municipales de Iguala y Cocula —infiltrados por el crimen organizado— que se los entregaran para ejecutarlos.
Por órdenes del Cabo Gil, jefe de Los Guerreros Unidos, los normalistas fueron llevados hasta una barranca a la que sólo puede accederse por un camino de terracería —el famoso basurero de Cocula—, donde todo sugiere que fueron ejecutados. Luego, los sicarios encendieron una hoguera en la que se incineraron los cadáveres.
Aunque algunos peritos insinuaron que no se podían “desintegrar” 43 cuerpos...
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