¿Instituto y Tribunal Nacional de Elecciones en México?
| Autor | Raúl Montoya Zamora |
| Cargo | Magistrado Presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial del Estado de Durango |
| Páginas | 49-78 |
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Al hacer uso a nuestro derecho de estipulación lingüística, entendemos por "centralización de las elecciones", la tendencia que sugiere que dentro de un sistema federal, las elecciones se organicen, califiquen y validen por órganos de carácter central, con el consiguiente desconocimiento de la potestad de las entidades federativas, de poder hacerse cargo de la función electoral dentro de su respectivo ámbito competencial.
Mientras tanto, entendemos por "federalización de las elecciones", la posibilidad de que la función electoral pueda ser ejercida, dentro del ámbito de sus respectivas competencias, por autoridades federales y locales. Centralizar o seguir manteniendo el esquema de organización federal de las elecciones en México, no es un tema novedoso, ya que estuvo presente en la reforma electoral de 1989-1990, cuando se creó el Instituto Federal Electoral. Igualmente, el tema fue objeto de debate, previo a la aprobación de la reforma constitucional en materia electoral publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 13 de noviembre de 2007.
Prácticamente todas las fuerzas políticas, en el marco de la llamada "Reforma Política", presentaron diversas iniciativas de reforma a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM) y al Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, tendentes a nacionalizar las elecciones en México.
Una de esas iniciativas, fue presentada por la Diputada Mónica Fernández Balboa, a nombre del grupo parlamentario del PRD, con fecha 31 de julio de 2007.1En la citada iniciativa, se proponía crear el Instituto Nacional de Elecciones y Participación Ciudadana, como un organismo público autónomo, permanente, independiente en sus decisiones y funcionamiento, con personalidad jurídica y patrimonio propios, el cual tendría la función estatal de organizar las elecciones de los Poderes Ejecutivo y Legislativo
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de la Federación; de los Poderes Ejecutivo y Legislativo de las Entidades Federativas; Municipales; de Jefe de Gobierno y de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, así como de los procesos de participación ciudadana, cuyas actividades se regirían por los principios de certeza, legalidad, independencia.
Al dar a conocer la pretendida iniciativa, muy pronto se formaron opiniones muy calificadas para echar por la borda su contenido.
Entre los argumentos más contundentes, encontramos aquellos realizados en el sentido de que nacionalizar las elecciones era una franca violación a la soberanía de los estados y al pacto federal, pues parte de la soberanía estatal radica en poder elegir a sus representante de conformidad con las normas, principios e instituciones creadas por los propios estados, y al crear una legislación electoral nacional, con un ámbito de validez también nacional, se violentaba la soberanía estadual.
No obstante, hoy aparece nuevamente el debate sobre la mesa, tal vez con algunos argumentos nuevos, pero con la misma finalidad: crear un sistema nacional de elecciones para todo el país, con la consiguiente desaparición de los institutos electorales y tribunales electorales de la República Mexicana.
En ese sentido, en el Pacto por México,2se prevé dentro de los acuerdos para la gobernabilidad democrática: "crear una autoridad electoral de carácter nacional y una legislación única, que se encargue tanto de las elecciones federales, como de las estatales y municipales."
Como parte de las iniciativas tendentes a concretar el acuerdo de referencia, tenemos la planteada por el grupo parlamentario del Partido Acción Nacional ante la LXII legislatura del Congreso de la Unión: mediante la cual se pretende reformar los artículos 21, 41, 60, 73, 76, 99, 102, 105, 116 Y 122, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,
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para dar paso a la creación de un Instituto y Tribunal Nacional de Elecciones, con la consiguiente desaparición de los órganos electorales de las entidades federativas, tanto administrativos como jurisdiccionales.
Analicemos cuáles son los argumentos que se esgrimen en favor de la propuesta, para estar en condiciones de verificar su razonabilidad.
¿Qué es lo que se argumenta para sostener la propuesta?
Se argumenta que existe una duplicidad de funciones, entre autoridades electorales federales y locales, y que por tanto es factible que una sola autoridad se haga cargo de la organización de las elecciones en todo el país.
Respecto de este punto, lejos de pensar que la mejor solución es la nacionalización de las elecciones, se tiene que pensar en fortalecer la autonomía e independencia de todas las autoridades electorales, y organizar esquemas de cooperación institucional que permita el desarrollo de la función electoral de manera óptima.
En ese sentido, es digno de mencionar que el Instituto Federal Electoral (IFE), con la finalidad de establecer las condiciones del trabajo de colaboración entre ese Instituto y los 14 institutos electorales locales para las elecciones de presente año (2013), propuso la elaboración de un modelo de convenio único, para:
· Establecer relaciones de cooperación con todos por igual, con claridad de criterios, conocidos de antemano y en las mismas condiciones, sin excepción.
· Establecer los campos generales de colaboración.
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· Fortalecer las relaciones de los órganos electorales locales con los Vocales Ejecutivos del IFE, que son los mejor capacitados para atender y resolver asuntos en los estados.3Con ello, se generó el compromiso de firmar un convenio de apoyo y colaboración con el propósito de lograr el fortalecimiento de las instituciones encargadas de la organización de los procesos electorales, tanto a nivel federal como estatal.
Así las cosas, necesitamos más acciones contundentes como la que se mencionó, para ir fortaleciendo la autonomía en independencia de las autoridades electorales federales y locales.
Conviene recordar además, que con motivo de las recientes reformas electorales, los órganos electorales -federales y locales, hacen mucho más que sólo organizar elecciones, ya que son además, árbitros en las contiendas políticas, administradores de justicia a través de la resolución de las quejas, crean normas generales de carácter vinculante, para los ciudadanos, partidos políticos, autoridades, concesionarios y permisionarios de radio y televisión -IFE-, y fiscalizan los recursos de los partidos políticos.4Por consiguiente, las autoridades electorales en México hacen más que simplemente instalar casillas, y esto representa un problema que tendría que resolverse al querer nacionalizar las elecciones.
Asimismo, los tribunales electorales de los estados dejaron de ser simples revisores de la legalidad de los actos emitidos por las autoridades administrativas electorales, para convertirse en parte fundamental de un sistema integral de justicia electoral, que tiende a garantizar los derechos humanos de carácter político electoral. Por lo que pretender que también
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se centralice la función jurisdiccional, ameritaría una mayor reflexión, que no puede resolverse simplemente pretendiendo que las actuales Salas del Tribunal Electoral asuman la función que hoy tienen los órganos jurisdiccionales electorales de los estados.
Por otra parte, a favor de la nacionalización de las elecciones, también se argumenta que con la eliminación de los órganos electorales de las entidades federativas, se obtendría un ahorro significativo en las elecciones. Este argumento, sin duda no toma en consideración lo siguiente.
El Presupuesto del Instituto Federal Electoral (IFE) para el año de 2012, en el que sólo organizó las elecciones federales, fue de 15, 953 millones, 899 mil pesos -1,222, millones, 989,568, dólares-.5Mientras que el presupuesto del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), fue de 2,368 millones, 962, 800 pesos -181 millones, 599,296 dólares-.6Esto es, el presupuesto de ambas autoridades electorales para el proceso electoral federal, fue alrededor de más de 18,000 millones de pesos -1,379, millones, 838,976, dólares-.
En el año 2013, en el que el IFE no organiza elecciones federales, el presupuesto aprobado ascendió a la cantidad de 11,019 millones, 848, mil 180 pesos.7Para el año 2013, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, obtuvo un presupuesto de 2,152, millones, 408,000 mil pesos.8
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En las entidades federativas, contamos con la información del gasto en promedio de 26 tribunales electorales del país en año electoral –donde el presupuesto tiende a ser mayor que en años no electorales-, el cual asciende en su totalidad a 656 millones de pesos -50, millones, 287,468, dólares- (Díaz Santana, 2012: 6). Bajo este cálculo, los 32 tribunales no llegarían a 900 millones de pesos.
Sólo a manera de ejemplo, en EU, las elecciones costaron aproximadamente 6,000 millones de dólares, según el prestigiado Centro de Política Responsable (CRP).9Si sólo comparamos el presupuesto asignado al TEPJF -2, 368 millones, 962, 800 pesos-, con el otorgado a 26 tribunales electorales de las entidades federativas -656 millones de pesos-, no necesitamos mucho esfuerzo intelectual, para predecir que si desaparecemos de un plumazo los órganos jurisdiccionales electorales de los estados, el presupuesto del TEPJF no sólo aumentaría levemente, sino que se triplicaría, si consideramos que dicho órgano jurisdiccional requeriría mayor presencia, y recursos materiales y humanos para hacer frente a la carga de trabajo que implica el resolver los conflictos derivados de la celebración de los comicios en las entidades federativas.
El mismo razonamiento...
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